Se trata de una de las conclusiones de un nuevo informe de fiscalización de los contratos de este servicio por parte de las instituciones provinciales de la Comunidad. Entre los cuestionamientos que hace a las distintas instituciones, entre ellas la abulense, figura en el caso de la Diputación de Ávila el hecho de que una sola empresa sea la adjudicataria de los contratos, al igual que en el caso de las de Burgos, Valladolid y Zamora, mientras que otras dos, a las que no cita el informe, lo eran de otros dos contratos respectivamente.

El precio medio de adjudicación de los diez contratos ascendió a 17 euros sin IVA la hora. Los precios mayores corresponden a los contratos de las diputaciones de Palencia (que ascendió a 18,39 euros, adjudicado en 2020) y de Salamanca (18,95 euros, adjudicado en 2021). 

Desde el punto de vista de la concurrencia, los contratos tuvieron un número “adecuado de licitadores” en el conjunto de la Comunidad, igualando o superando el número de cinco empresas interesadas en cada uno de ellos, excepto en la licitación promovida por la Diputación de Segovia, en la que solo presentaron sus ofertas dos licitadores. La media de ofertas ascendió a 5,5 licitadores por contrato.

Procedimiento de contratación

Por otra parte, en los pliegos de condiciones de las diputaciones de Ávila, Burgos y Salamanca, el Consejo de Cuentas considera que se ha producido una “incorrecta ponderación del criterio referente a la oferta económica”, ya que han utilizado una fórmula matemática de valoración “susceptible de otorgar una importante cantidad de puntos a las ofertas que igualan el presupuesto de licitación”. También, las fórmulas utilizadas por las de Ávila, Palencia y Valladolid, y, especialmente, la de Salamanca, produce el efecto de “concentrar todas las posibles puntuaciones en un pequeño tramo del intervalo de puntos”.

Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presentan, con carácter general, “un correcto desarrollo en los pliegos de condiciones”; sin embargo, la Diputación de Ávila establece “una insuficiente descripción de los elementos a valorar y utiliza un inadecuado procedimiento de atribución de puntos”.

Respecto a la ejecución de los contratos, con carácter general consta la recepción de los servicios contratados y su facturación y pago “conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato”.

Fiscalización de contratos

Asimismo, el informe de fiscalización de los contratos del servicio de ayuda a domicilio de las diputaciones pone de manifiesto que las instituciones provinciales que obtuvieron los precios más bajos, las de León Zamora, son las que incluyeron en sus pliegos de cláusulas administrativas particulares exclusivamente criterios de adjudicación automáticos, valorables mediante fórmulas matemáticas, en los que la oferta económica suponía sobre el 50% de la puntuación total y las mejoras el otro 50%. 

La Diputación de León obtuvo los precios más bajos adjudicados (16,06 y 15,98 euros la hora ordinaria) en sus dos lotes, adjudicados en 2022. La segunda que logró el mejor precio (16,36 euros) fue la de Zamora, situándose el precio medio de adjudicación de los 10 contratos fiscalizados en 17 euros sin IVA la hora.

Por el contrario, los precios más altos fueron para aquellas que establecieron criterios evaluables mediante juicios de valor, en torno a un 40% del total de la puntuación, en los que la oferta económica suponía alrededor del 40% de la puntuación total, y las mejoras sobre el 20% de los puntos restantes. Fue el caso de las diputaciones de Palencia y Salamanca.

Para el Consejo de Cuentas, las diputaciones “cumplen razonablemente con la legalidad” aplicable a la contratación para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en 2022 -periodo fiscalizado- “excepto por determinadas salvedades”.

Cinco recomendaciones

Son competentes en materia de servicios sociales en la Comunidad los municipios con población superior a 20.000 habitantes y las provincias, que ejercen sus competencias en los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al resto de las entidades locales por la legislación reguladora de régimen local o a las comarcas legalmente constituidas por la normativa correspondiente.

El consejo analiza apartados como la comunicación de los contratos, su publicidad, el procedimiento de contratación y los indicadores comparativos, y realiza, a raíz de las conclusiones extraídas, 12 recomendaciones. Además de las que se realizan con carácter general, se dirigen otras con carácter específico a cada una de las nueve diputaciones: siete a la de Salamanca, seis a la de Zamora, cinco tanto a la de Ávila como a la de León, cuatro respectivamente a las de Burgos, Palencia y Valladolid, tres a la de Segovia y dos a la de Soria.

Sobre la comunicación de los contratos, las diputaciones, con carácter general, cumplieron con la obligación de remitir a la plataforma de rendición de cuentas (dentro de los dos meses siguientes al ejercicio de referencia) las relaciones certificadas de este tipo de contratos.

No obstante, la de Salamanca no incluyó en la relación anual comunicada el contrato de servicio de ayuda domiciliaria y las de Ávila, Burgos y León remitieron las relaciones anuales de contratos fuera del plazo establecido. Además, las de Ávila y Salamanca no cumplieron con la obligación de remisión a la plataforma de rendición de cuentas del documento de formalización del contrato de servicios de ayuda domiciliaria y del extracto del expediente. 

Asimismo, las de Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora, aunque cumplieron con dicha obligación, lo hicieron con notable retraso respecto del plazo de tres meses desde la fecha de formalización de los contratos.