La portavoz socialista en la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Julia Jiménez, asegura que “cerca de 350.000 euros se han esfumado o perdido en los cajones de los despachos municipales a la espera de su utilización, puesto que no se han empleado ni justificado”.  

“Es indignante que el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y la teniente de alcalde del área de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, presuman ante los abulenses del trabajo que desempeñan reduciendo las listas de espera en ayuda a domicilio e impulsando unos Servicios Sociales de calidad cuando, claramente, son los responsables de la devolución de cientos de miles de euros a la Administración regional en detrimento de las familias y de nuestros mayores”, ha asegurado la edil.

Según Jiménez, llevan varios meses denunciando el “continuo goteo de liquidaciones” del Acuerdo Marco “sin que el equipo de gobierno de una explicación porque esto no son cuentos, son hechos”.  

Engañar a la ciudadanía

La concejala ha manifestado que, Por Ávila, “junto a su, ahora, socio de gobierno, la ultraderecha de Vox, no puede seguir engañando a la ciudadanía e imputar su falta de responsabilidad a la oposición bajo un eslogan político, porque toda inversión en servicios sociales debe destinarse, hasta el último céntimo, a este fin”.

El PSOE asegura que estarán “vigilantes” para ver “los frutos de este acuerdo del engaño para subir los impuestos a los abulenses y cómo van a atender los Servicios Sociales ya que, encima de la mesa, está el acuerdo que subrayaron con el Partido Socialista para bajar la lista de espera, que se han tomado a broma, porque cada día aumentan los usuarios".

La cantidad devuelta pertenece a programas de servicio de ayuda a domicilio, formación de cuidadores, inclusión social, atención a menores en situación o riesgo de desprotección y familias con cargas graves, plan local sobre drogas, actuaciones para la prevención y la reducción de consumo de alcohol, prevención de trastornos adictivos sin sustancias, promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género y para la contratación de técnicos de igualdad de oportunidades. “En definitiva, una pérdida económica que debería estar empleada a favor de nuestros mayores, menores y familias”, ha lamentado.