El titular de este departamento de la Junta ha ofrecido este dato poco antes de inaugurar en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte el XVII Congreso de Juego de la Comunidad, al que asisten hasta el miércoles 300 personas.

En el acto ha estado acompañado, entre otros, por el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, el presidente de la Diputación, Carlos García, y el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que ha pedido a la Junta que se aumenten los fondos para desarrollar actuaciones que ayuden a la prevención de ludopatías entre los jóvenes.

Y ello, teniendo en cuenta que la Administración autonómica ingresa cerca de 62 millones de euros al año vía tributos procedentes del juego, algo que en su opinión “debe repercutir en un mayor esfuerzo del que realiza actualmente en la prevención de situaciones de riesgo derivadas del juego”.

En este foro, el consejero ha explicado que la Comunidad cuenta con más de 450 empresas vinculadas con el juego, en las que trabajan unas 2.000 personas, generando unos ingresos a las arcas autonómicas, fruto de los tributos fiscales, de 61,2 millones de euros.

Actividad normalizada

Dentro de este congreso "pionero" en España, al ser el único que se celebra desde el punto de vista "teórico", con debates y ponencias que abordan la situación del sector, González Gago ha explicado que el Gobierno autonómico se guía en materia de juego por "dos principios esenciales", que son el "desarrollo y fomento de un juego responsable" y "dar seguridad a las empresas" que se dedican a esta actividad.

Según el titular de la Presidencia, el juego es una actividad "normalizada empresarialmente" en Castilla y León "en el volumen global de establecimientos, en las cantidades que juegan las personas y en las problemáticas" que pueden surgir en su entorno. De ser así, la Junta se actúa a través de las consejerías de Familia y Sanidad.

Sobre el "problema del juego adictivo", González Gago ha explicado que el registro específico que existe de personas en esta situación incluye en torno al millar de afectados, lo que, según ha destacado, supone "un 0,05 por ciento de la población total" de la Comunidad.

Además, ha resaltado que la mayor parte de las personas que plantea alguna problemática con el juego "se produce fruto de las nuevas tecnologías, de las tablets, de los móviles y del juego por Internet, sobre todo practicado por jóvenes". 

En este sentido, ha señalado que las asociaciones que tratan a personas "con alguna problemática" de este tiempo, "reconocen que lo mejor que puede tener una administración pública es un juego regulado que evite el juego clandestino o la actividad fuera de lo que son los controles de la administración pública". 

Presente y futuro

Respecto a lo hecho en materia de juego por la Junta, el consejero ha destacado la aprobación de la Ley de 15 de marzo de 2024 reguladora del juego y las apuestas en la Comunidad, después de que la anterior estuviera vigente 26 años.

Entre las medidas que contempla figura un nuevo régimen de distancias mínimas entre estos establecimientos de 300 metros y la ampliación de la distancia de estos establecimientos a centros de enseñanza, que ha pasado de 100 a 150 metros.

Además, la nueva norma obliga a la necesaria autorización administrativa previa a cualquier acción publicitaria o de promoción, articulándose a través de un nuevo reglamento, cuyo período de consulta pública ha finalizado recientemente.

Por otra parte, la nueva norma fija que el destino de los ingresos provenientes de multas y sanciones a los establecimientos van destinados a la financiación de programas de prevención y rehabilitación de la ludopatía, a campañas y acciones formativas de prevención y a programas sociales, educativos y de salud pública de carácter general.

Respecto al futuro, el consejero de la Presidencia ha señalado que el Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, contempla la congelación de los tributos de juego y apuestas, que permanecerán en la misma cuantía que en el presupuesto vigente.

Por otro lado, el Gobierno autonómico ya está implicado en el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, ante el crecimiento del número de solicitudes de este tipo.

En 2025 está previsto abordar la modificación de las cinco normas reglamentarias que afectan a los diferentes subsectores -casinos, bingos, salones de juego, establecimientos de apuestas, y máquinas de juego- para adaptarlos a la nueva ley, y así seguir ofreciendo seguridad jurídica a todas las empresas implicadas.