Estos datos están vinculados a la denominada Operación Zahorí, desarrollada por la Guardia Civil, vinculada al control de los usos del agua, determinando la localización e investigación de actividades ilegales en este sentido.

Dicha operación ha sido realizada entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, según ha informado el instituto armado, cuyos datos ponen de relieve una disminución de las infracciones del 38% en la Comunidad, ya que este cuerpo ha formulado 227 infracciones administrativas, frente a las 370 del anterior 'año hidrológico.

Estos datos son "indicativos de un mayor cumplimiento de la legislación en materia de aguas por parte de la sociedad". De las 227 infracciones administrativas detectadas en esta campaña de inspecciones, un total de 139 afectaban a pozos; 50 a sondeos para la captación de aguas residuales; 9 a balsas para almacenamiento de aguas o de vertidos, y 29 en otras infraestructuras.

Tendencia contraria en Ávila

Todo lo contrario sucede en la provincia de Ávila, donde durante el último año hidrológico se han contabilizado 21 infracciones administrativas, siendo las infraestructuras más afectadas los pozos, con 11 infracciones, mientras los sondeos para la captación de aguas residuales han sido tres.

Asimismo, una infracción se ha producido en una balsa, mientras que las otras seis restantes afectan a distintas infraestructuras.

Estos datos en Ávila suponen un aumento de las infracciones, lo que, al contrario que en Castilla y León, supone “un menor cumplimiento de la legislación en materia de aguas por parte de la sociedad en general”.

Estas conclusiones se producen al finalizar la Operación Zahorí, con motivo del cierre del denominado 'año hidrológico', cuyos objetivos han sido la localización e investigación de actividades ilegales relacionadas con la construcción ilegal de pozos, sondeos de captación de aguas subterráneas o balsas de acumulación.

También la extracción directa desde aguas superficiales u otras formas, que de alguna forma incumplan con los diferentes usos del agua en la Comunidad.

En esta actuación han participado, principalmente, las diferentes unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Esta operación se enmarca en la Directiva del Agua, dentro del marco del Proyecto Life-Guardianes de la naturaleza" de la Unión Europea, que encargó a los estados miembros llevar a cabo acciones operativas con el objetivo de luchar contra la problemática sobre la sobreexplotación de los acuíferos en el territorio nacional.