Se ha detenido a tres personas, dos responsables de la empresa y uno de la organización que las trasladaba, como presuntas autoras de trata de seres humanos con findes de explotación laboral, aunque podría haber más detenidos en los próximos meses, pues este caso ha supuesto la apertura de nuevas diligencias para averiguar el origen de la organización que traslada a estas personas desde su lugar de origen hasta España. 

Los hechos han ocurrido a partir de las sospechas, dentro del plan de inspecciones que se lleva a cabo de forma regular conjuntamente entre Guardia Civil e Inspección de Trabajo, de que en esta empresa -dedicada a la fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados, ubicada en Candeleda- se podrían estar cometiendo actividades ilícitas relacionadas con la explotación laboral.

Por ello, el 2 de octubre se decidió inspeccionar exhaustivamente la empresa, con el objetivo de verificar que no se estaban cometiendo irregularidades en las prácticas laborales, que se estaba cumpliendo con la normativa vigente, y que trabajaban en condiciones seguras y legales.

Condiciones deficientes

Durante la inspección, y dentro del marco de la Operación Lhotse, se localizó en una nave anexa a la empresa, a un grupo de diez mujeres nepalíes, que vivían en condiciones de habitabilidad e higiene sumamente deficientes.

Las víctimas dormían en colchones sobre el suelo, lo que afectaba gravemente su bienestar físico, las instalaciones carecían de calefacción, además de que algunas ventanas no poseían cristales y estaban cubiertas con plásticos, lo que permitía la entrada de aire frío y lluvia. La cocina presentaba un claro estado de suciedad, creando un ambiente insalubre, y también tenían que compartir un único baño, lo que limitaba su privacidad y dificultaba las condiciones básicas de higiene.

Estas diez mujeres vivían en un régimen de semiesclavitud, privadas de su documentación y sin acceso a dinero. Desde su llegada, salieron de la nave en contadas ocasiones y siempre acompañadas de una persona, perteneciente a la organización, que las vigilaba constantemente. De esta manera, estaban completamente aisladas de la sociedad, sin conocimientos de español, comunicándose solamente con algunas palabras en inglés.

Llegadas de forma irregular

Continuando con la inspección, junto con las diferentes actuaciones policiales, se verificó que los contratos realizados a las diez mujeres, fueron tramitados con documentación falsa, y que todas ellas se encontraban de forma irregular en España. Además, el dinero de sus nóminas se ingresaba en cuentas bancarias de terceras personas.

Esclarecidas todas las tipologías delincuenciales, una vez realizadas las primeras atenciones que precisaban las diez mujeres, de inmediato fueron liberadas, haciéndose cargo de ellas organizaciones en defensa de los derechos humanos, especializadas en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, como APRAMP o la Diputación Provincial, que las ofreció apoyo a través de servicios como asistencia alimentaria, alojamiento, manutención, orientación laboral y programas de inclusión social.

Al fin liberadas y como resultado de las investigaciones efectuadas, se pudo verificar que estas mujeres llegaron a España a través de una organización dedicada a la trata de seres humanos, que los presuntos autores eran un grupo de tres personas, uno de ellos que se encargaba de la vigilancia y control de las víctimas, y otros dos que eran los responsables de la empresa de alimentación en la que trabajaban.

Tres detenidos

Por ello, la Guardia Civil, siguiendo las directrices marcadas por el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, procedente del Convenio entre Inspección de Trabajo y Seguridad Social con Secretaría de Estado de Seguridad, ha detenido a estas tres personas como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsificación documental y usurpación de estado civil.

Tras ser identificados, fueron puestos a disposición judicial en calidad de detenidos, por los hechos descritos. Si bien, según ha manifestado Juan José Vallejo, de la unidad de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Ávila, estas detenciones suponen los primeros pasos para desmantelar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos, pues estas investigaciones han permitido conocer el ciclo migratorio que siguen las víctimas desde su país de origen, donde son captadas y trasladadas a España con la promesa de encontrar un puesto de trabajo: “La red las paga el transporte y así es como contraen la deuda que puede oscilar entre 3.000 y 7.000 euros”. 

En avión viajan hasta países de tránsito como Serbia o Rumania y el trayecto continúa, posteriormente, vía terrestre hasta España, donde son acogidas en pisos que la organización tiene en grandes ciudades para ser reubicadas por todo el territorio nacional y ser explotadas laboralmente, según ha manifestado Vallejo.