Y es que consideran que hay “una presunta vulneración de derechos”, dado que es “un método excesivamente intrusivo en la privacidad de las personas trabajadoras y que no se está informando, suficientemente, a la plantilla y a los representantes legales de los trabajadores, del alcance que tiene la geolocalización, el tratamiento de sus datos personales, ni si éstos van a ser compartidos con terceras personas, a lo que obliga la Ley de Protección de Datos”.

Además, CCOO considera que, al plantearse a la plantilla la instalación de una aplicación informática en sus teléfonos móviles particulares se puede producir una lesión del derecho a la intimidad personal consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución.

La Sección Sindical de CCOO advierte que no se ha explicado el funcionamiento de la aplicación, ni su desactivación fuera de la jornada laboral, “o qué sucede si se olvida el empleado público de desactivarlo o activarlo; lo que coloca a la plantilla en una situación de vulnerabilidad ante posibles sanciones”.

El sindicado señala que la geolocalización y la aportación del teléfono móvil particular contradice varias sentencias, entre ellas la de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 6 de febrero de 2019, en el proceso seguido bajo el número 318/2018, en la que, con estimación de la demanda, declara la nulidad del denominado por la empresa ‘Proyecto Tracker’, que supone la obligación para el trabajador, con categoría de repartidor, de aportar a la actividad empresarial de un teléfono móvil con conexión a internet de su propiedad, y la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo.

Según CCOO, el Ayuntamiento de la capital está actuando por “mera conveniencia”, desplazando la protección de datos personales de los trabajadores “cuando existen otras fórmulas menos intrusivas en la intimidad de la plantilla y que no implican la utilización de los teléfonos móviles particulares”.