Esta medida incluye la exigencia de que estos inmuebles no puedan ser desclasificados en el futuro, asegurando así su condición de aumento de manera permanente.

En su pronunciamiento, el PSOE de Ávila subraya que existe un stock de aproximadamente 3.000 unidades, pero que la situación actual del mercado inmobiliario responde a una "dimensión mercantilista" impulsada por las políticas del Partido Popular.

El PSOE denuncia que las medidas recientes anunciadas por la Junta en materia de vivienda pública no son más que “un lavado de cara”. Según argumentan, estas propuestas no abordan el problema de fondo, que radica en la exclusión residencial de jóvenes y colectivos vulnerables. Además, el partido acusa al Gobierno autonómico de boicotear la primera Ley de Vivienda de la democracia, aprobada hace un año por el Gobierno central. "Sus recientes anuncios en materia de vivienda pública no pasan de un mero lavado de cara", destaca la resolución socialista, al tiempo que critica que estas políticas no tienen un impacto real en la reducción de precios, una diferencia de lo que ya se observa en otras comunidades como Cataluña, donde se ha comenzado a aplicar dicha ley.

600 viviendas
La resolución exige la creación de un parque público propio de la Junta con 450 viviendas de alquiler asequibles para el año 2027. Además, se propone una colaboración pública- privada con una inversión de 13,5 millones de euros para impulsar la edificación de otras 180 viviendas, también de alquiler asequible.

La propuesta fija un tope máximo para el precio de alquiler, que no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar que ocupa la vivienda. Además, insiste en que estos inmuebles nunca puedan ser desclasificados como viviendas de alquiler asequibles, con el objetivo de evitar que, en el futuro, se conviertan en propiedades del mercado libre y se pierda su valor social.

Otra de las exigencias del PSOE es la creación de una empresa pública específica que garantice la gestión, control y supervisión de estas viviendas a nivel autonómico. Según el partido, esta entidad pública sería fundamental para asegurar que se cumplan los compromisos establecidos y que las viviendas lleguen efectivamente a quienes más las necesitan.

Bono de Alquiler Joven
En paralelo, la propuesta incluye una crítica a la gestión del Bono de Alquiler Joven por parte de la Junta de Castilla y León. En la resolución se exige un incremento en la dotación económica para la próxima convocatoria de esta ayuda, con el fin de evitar los problemas surgidos en la última convocatoria, donde más de 8.300 jóvenes quedaron excluidos del bono y se denegaron más de 10.000 solicitudes de forma irregular en toda la Comunidad.

El PSOE considera que la falta de una dotación suficiente para este bono ha dejado a millas de jóvenes fuera de la posibilidad de acceder a un alquiler digno. Por ello, solicitan que la Junta asigne más recursos a esta iniciativa.

La resolución también destaca que, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, los presupuestos destinados a políticas de vivienda han experimentado un crecimiento. En lo que respecta a Castilla y León, la Comunidad ha recibido una importante financiación del Estado para políticas de vivienda en los últimos años. En concreto, el Gobierno central ha destinado 327 millones de euros, mientras que la aportación del ejecutivo autonómico ha sido de 175 millones, lo que coloca a Castilla y León como la Comunidad más sobrefinanciada en este ámbito entre 2021 y 2024, lo que, según el PSOE, evidencia una falta de compromiso por parte del PP para gestionar de manera eficiente estos fondos.