Por ello registrarán una proposición no de ley (PNL) en la que instan a la  Administración autonómica a "agilizar" los trámites de la futura residencia de mayores de la capital abulense, un proyecto que, "como mínimo, se irá a los seis años de duración".

En este contexto, ambos procuradores se preguntan "por qué el inicio de las obras de la residencia se demora un año, a pesar de que ya no hay obstáculos ni administrativos ni judiciales alegables". En su opinión, este nuevo retraso pone en riesgo que la construcción se culmine dentro del plazo de cobertura de los fondos vinculados al instrumento Next Generation, cuya vigencia es de 2021 a 2026”.

Inquietante incremento presupuestario

Igualmente, piden explicaciones sobre el “inquietante” aumento de costes del proyecto, un 68% superior al presupuesto inicial, de 16 a 27 millones de euros, según ha desvelado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Para los socialistas, la necesidad de esa residencia es "acuciante", ya que supone "incorporar Ávila a un nuevo modelo de gestión más eficaz frente a situaciones como la de la pandemia, tal y como lo ha presentado la Consejería".

Según los procuradores socialistas, el proyecto de Ávila tiene otros dos ‘hermanos’ en Salamanca y Zamora. Ambas han sido o serán una realidad en cuatro años (la residencia de la capital charra ya funciona y la edificación de la de Zamora estará concluida en medio año.

“El proyecto abulense va camino de seis años, en el mejor de los casos”, se lamenta la procuradora. La previsión, ateniéndose a los tiempos de las residencias similares de Salamanca y Zamora, es que la fase de construcción (incluida la licitación y el acta de replanteo) se alargue unos 26 meses. A juicio de los procuradores, “el tiempo pasa y el riesgo de que esta obra se prolongue hasta 2027 es evidente”.

“El de la residencia es un ejemplo más de que la supuesta eficacia gestora de los líderes del PP es pura propaganda”, afirma el procurador socialista Miguel Hernández, quien acusa a la Junta de “hacer caja con las transferencias recibidas del Gobierno de Sánchez a la Dependencia”, tal y como denuncia un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Según esta asociación, el dinero a mayores que ha puesto el Gobierno de Sánchez en el Plan de Choque de Atención a la Dependencia (2020-2023) lo ha sumado la Junta a la partida de Dependencia, sí, “pero restando paralelamente 34,7 millones de su gasto en la atención a personas en situación de dependencia, retirando así parte de la financiación autonómica”, argumenta Hernández. “La Junta es el gobierno autonómico que más caja ha hecho con el Plan de Choque del Gobierno de Sánchez”, aduce.