Han coincidido en expresar su “preocupación” por los efectos de la normativa. En este sentido, Manuel Vicente, coordinador provincial de UPyD, ha criticado que “entre otras deficiencias, el anteproyecto carece del preceptivo informe que debe emitir el Consejo General del Poder Judicial, un órgano cuya independencia ha sido requerida por UPyD reiteradamente”.

Mientras, según explican los procuradores abulenses, entre las medidas criticables que introduce este anteproyecto se encuentra la posibilidad de que el ejercicio de las funciones de representación de las partes en los procesos judiciales se lleve a cabo indistintamente por abogados o procuradores, “eliminando la actual remuneración de los procuradores a través de aranceles y acortando los procesos judiciales".