Declaraciones que llegan después de que el pleno de la institución provincial aprobara -con el voto en contra del PSOE- el expediente de licitación y el pliego de condiciones de la enajenación forzosa de la finca tasada en 15,7 millones de euros, en la que la UNED mantiene su sede y donde la Universidad Católica de Ávila desarrolla parte de su actividad.

Para María del Carmen Iglesias, portavoz socialista en la Diputación Provincial de Ávila, “no hay un hecho apremiante de interés público que justifique la enajenación que va a llevar a cabo el equipo de gobierno del PP de un patrimonio que es de todos los abulenses, salvo el de avalar la viabilidad y seguridad jurídica de un negocio privado y confesional”.

“¿Qué universidad va a concursar para quedarse con un edificio en el que va a tener de inquilina a otra universidad de la competencia durante 23 años?”, se pregunta Iglesias pues la Diputación mantienen un convenio firmado hasta 2047 que seguirá vigente tras la venta, ya que figurará como una carga de la finca. 

“Es obvio que se trata de una licitación direccionada que sitúa a la UCAV como única potencial compradora y que el precio de salida, 15,7 millones de euros, está muy por debajo de lo razonable”, señala la portavoz socialista, quien recuerda que el valor catastral en 2014, ni siquiera el de mercad,o que siempre es superior, era ya de 16,4 millones de euros. 

Edificio de 15.000 metros cuadrados

Los socialistas advierten que la venta de esta finca no solo va a privar a los abulenses de la propiedad de un edificio de 15.000 metros cuadrados, sino también de la de algo más de 100.000 metros cuadrados de espacios verdes y de esparcimiento de los vecinos del norte de la capital abulense, otros 5.800 de jardines y una superficie similar para aparcamiento de vehículos.

Por todas estas razones, los socialistas votaron este lunes en el Pleno de la Diputación en contra del expediente de licitación y del pliego de condiciones de la enajenación forzosa del antiguo Colegio de Huérfanos.

El PSOE advierte que también estará vigilante para que se actualicen las cuentas, saldos y gravámenes afectos a la finca, antes de que la provincia pierda la propiedad de la misma.