Durante ese periodo, más de 8.000 euros en pequeñas cantidades llegó a enviar a diferentes mujeres de Latinoamérica que conocía a través de Facebook el primero de los acusados, para el que la fiscalía pide 10 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos.

A través de dicha red social fue como conoció el principal investigado a la víctima, con quien mantuvo conversaciones durante dos años, al tiempo que enviaba dinero -alcanzando hasta 700 euros en total- hasta que ella vino a España desde su lugar de origen, Perú, en 2020. 

En el aeropuerto de Barajas (Madrid) la esperaba este imputado junto a otra persona que, según la víctima, la trasladaron a un club de alterne. Pero ante la negativa de esta para comenzar su trabajo en la prostitución, la trasladaron a un hostal de Talavera de la Reina para, a la mañana siguiente, llevarla a una tienda denominada La Ganga, propiedad del acusado, situada en la misma localidad talaverana, donde se hospedó unos días. 

Pero se declaró el Estado de Alarma como consecuencia del COVID-19, por lo que el principal acusado la trasladó hasta la casa de su madre en Arenas de San Pedro, conocida como La Casa Grande. Allí, convivieron la víctima, los dos ahora acusados y la mujer de uno de los investigados. Allí, según la víctima, desarrolló -hasta agosto de ese mismo año- las labores domésticas y del cuidado de la madre de los acusados, sin compensación económica ni contrato de trabajo, exigiéndola además una retribución por el alojamiento y manutención. 

Agresiones sexuales

La víctima también ha denunciado haber recibido agresiones físicas durante la convivencia en La Casa Grande, amenazas y agresiones sexuales por parte de los dos acusados. Si bien uno de los acusados ha negado -durante la vista oral celebrada este jueves en la Audiencia Provincial- conocer que ella llegó embarazada. 

Una vez relajado el Estado de Alarma, también ha denunciado que el acusado, al que se le imputa el delito de trata de seres humanos, concretó al menos dos citas con dos hombres que mantuvieron relaciones sexuales con ella a cambio de dinero. Una retribución económica de la que envió parte a su familia en Perú. 

Como consecuencia del levantamiento parcial de la normativa estatal, la víctima comenzó a salir a la calle, hasta que en una de las ocasiones acudió a Cruz Roja, donde le proporcionaron trabajo para cuidar a una persona mayor, convenciendo al principal investigado a cambio de saldar la deuda que ya ascendía a más de 3.000 euros. Una cifra que acabó saldando. 

Todo finalizó a raíz de una discusión entre la víctima y el acusado principal después de que -según él- ella le demandase más dinero. 

Peticiones de penas

Por todo ello, la fiscalía pide para el principal acusado 10 años de cárcel con otros 10 años de libertad vigilada al considerarlo autor de un delito de trata de seres humanos, más dos años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, otros siete por un delito continuado contra la libertad sexual y otros cinco de libertad vigilada, más otro año de cárcel por un delito contra la integridad moral. Además de 10 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

También pide otros 20.000 euros para indemnizar a la víctima, si bien ha manifestado que la cantidad la deberá estimar el tribunal de la sala. 

Al hermano de este, el Ministerio Público lo considera cómplice de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que pide cuatro años de cárcel, más cinco años de libertad vigilada, y tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. 

Por contra, sí lo considera autor de un delito contra los derechos de los trabajadores -por lo que pide dos años de cárcel- y contra la libertad sexual -para lo que pide 12 meses de multa con una cuota diaria 10 euros-. Asimismo, la fiscalía ha solicitado que el hermano indemnice a la víctima con 10.000 euros. 

Una "película" 

Peticiones a las que se ha sumado también la acusación particular, a diferencia de las defensas que han solicitado la absolución de sus clientes que los consideran inocentes. 

Y es que para la defensa del principal acusado, todo ha sido una “película” de la víctima y ha acusado a los agentes de Policía Nacional de no investigar en profundidad el caso, actuando como la Gestapo en un caso sobre el que ha criticado que haya prevalecido el testimonio de la víctima que tenía en ese tiempo un procedimiento abierto en Perú por agresiones físicas a menores, además de ser enfermera y tener conocimientos en derecho. 

Aunque el principal acusado, en su derecho a la última palabra, ha asegurado no tener relación con el mundo de la prostitución desde hace al menos 35 años. 

El juicio ha quedado visto para sentencia.