Se trata de “un pacto a través del cual nos comprometemos a que el excelente nivel que en este momento tienen estos tres servicios no pueda descender nunca”, ha explicado sobre una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Popular con el objetivo de proteger y mantener los niveles actuales de calidad en sanidad, educación y servicios sociales en la comunidad. 

Esta ley, presentada como una proposición de ley, se erige como un compromiso firme del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para asegurar la prestación de estos servicios esenciales a todos los ciudadanos”.

La ley tiene como fin elevar a rango normativo la obligatoriedad de garantizar servicios públicos esenciales de calidad, como lo establece el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

García Nieto ha explicado que la norma busca “garantizar al ciudadano la prestación en el territorio de la comunidad de Castilla y León los servicios autonómicos esenciales de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales que se desarrollan directamente por la administración de Castilla y León o en colaboración con otras administraciones públicas”.

Situación actual
El procurador ha destacado la situación de los servicios públicos en la Comunidad, que cuenta con “uno de los mejores sistemas sanitarios de España, situándose en cuarto lugar según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública”, porque cuenta con una extensa red de consultorios y una destacada ratio de médicos y enfermería en Atención Primaria. Sin embargo, el procurador del PP subrayó la dificultad de encontrar profesionales debido a la falta de ampliación de plazas MIR y los complicados trámites para la habilitación de títulos extranjeros.

El sistema educativo de Castilla y León también sobresale, catalogado como el mejor de España y entre los diez mejores del mundo, de acuerdo con informes de la OCDE y el informe PISA. “En esta tierra se apuesta por la libre elección de las familias y se da lógicamente importancia al mérito, al esfuerzo, a la participación y al conocimiento”, ha afirmado García Nieto, quien también ha resaltado que la Comunidad mantiene abiertos colegios con tan solo tres alumnos como medida para luchar contra la despoblación rural.

En servicios sociales, Castilla y León lleva diez años consecutivos liderando el ranking de atención a la dependencia, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. “Nuestro sistema de protección social es el más eficiente, equilibrado y el que más empleo genera”, ha destacado.

Críticas
García Nieto ha criticado la postura del PSOE Y de Por Ávila, cuyos representantes votaron en contra de la iniciativa. “La pregunta es, ¿por qué no quieren proteger estos tres servicios? Lo tendrán que explicar”, ha comentado, cuestionando la falta de enmiendas presentadas por la oposición.

Con esta nueva ley, el Gobierno de la Junta se compromete a no reducir la calidad ni el grado de prestación de los servicios públicos sin la aprobación del Parlamento. “Cualquier cambio que se quiera hacer, que se quiera introducir en el grado de prestación de estos tres servicios, ha de someterse al Parlamento. Ninguna decisión política ni técnica va a poder afectar al grado de prestación ni al de calidad de un servicio si no es para mejorarlo”, ha destacado.

García Nieto ha hecho un paralelismo con el Ayuntamiento de Ávila, indicando que si en el Consistorio abulense existiera una norma similar, el equipo de Gobierno municipal no hubiera podido hacer unos recortes que, ha señalado, han “arruinado” a las asociaciones de la ciudad.