La nueva normativa, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y de la que Muñoz ha sido ponente del PSOE, abre la posibilidad de que vigilantes privados realicen funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como patrullar en espacios abiertos o realizar detenciones y registros en la vía pública ante un flagrante delito.
Esta opinión contrasta con la del diputado del PP, Sebastián González.

Según el parlamentario socialista, “a la tasa de reposición de solo el diez por ciento en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ha impuesto el Gobierno del PP, lo que ha reducido los guardias civiles y policías en prácticas en Ávila, se une ahora la posibilidad de privatización encubierta de la seguridad de los ciudadanos”.

Se trata de “un modelo de negocio que beneficiará a los lobbys populares” próximos al poder, al margen de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos”, por lo que “habrá una seguridad para ricos, para quienes puedan pagarla y no para el conjunto de los ciudadanos”, ha dicho.

“La seguridad privada debe, como ha venido haciendo hasta ahora, colaborar con la pública, no ocupar su espacio”, ha apuntado Muñoz, para quien “el Gobierno le está dando a la privada un carácter de autoridad judicial que no debería”.

No afecta
Para el diputado popular, la nueva ley “no tiene que ver” con el número de agentes, cuya reducción obedece a “la situación de desastre económico del Gobierno del PSOE”, de ahí que se haya reducido la oferta pública de empleo policial.

“Cuando cambie la situación económica, que estamos saliendo de ella, volverán a convocarse plazas en la Escuela de Policía”, ha subrayado, descartando que la nueva ley “no tiene relación”, porque “sirve para regular el sector de una actividad privada”.

“Y para que la seguridad -añade- de campos de fútbol y centros comerciales, no en las calles, no sea pagada por todos, aparte de que no tendrán autoridad, como los agentes de policía”.