Según este informe elaborado por el Área de Acción Territorial, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento, se han detectado “errores contenidos la documentación existente en el expediente de contratación”, ya que en ninguno de ellos se hace referencia a la subvención de más de un millón de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para esta nueva instalación.

El portavoz de Por Ávila, Óscar Jiménez, ha explicado que a la Diputación se le concedió una subvención dentro del Programa Europeo Interreg España-Portugal por importe total de 1.057.881 euros, por lo que “según la normativa de los fondos comunitarios, la contribución de la Unión Europea debe quedar plasmada en todos los documentos de licitación de las obras que se abonen con estos fondos”.

Sin embargo, en la publicación de la licitación “en ningún momento se hace referencia a ellos” y, por el contrario, se afirma textualmente que “No hay financiación con fondos de la UE”. Esto “podría poner en peligro parte de la contribución para la construcción del parque”, por eso ahora se adjunta este informe al expediente de cara a futuras auditorias.

Financiación europea

Según Jiménez, no sería la primera vez que la Diputación pierde financiación procedente de la Unión Europea por no cumplir con los requisitos a los que obliga la normativa de estos fondos. Por eso, argumenta, solicitaron que crease una oficina de gestión de fondos europeos, que mejorase la capacidad que tiene la Diputación en esta materia.

“El equipo de Gobierno de la Diputación votó entonces en contra, pero con informes como éste -considera Jiménez- queda clara la necesidad de una estructura que permita una correcta coordinación, gestión y seguimiento de estos fondos europeos en la Diputación.”

Las obras del parque de bomberos de Arenas de San Pedro, licitadas por 1.298.330 euros, tendrían que haber estado finalizadas el 26 de diciembre de 2023. Sin embargo, se concedió por parte de la Diputación una ampliación del plazo, en primer lugar, hasta el 26 de abril de 2024 y posteriormente, hasta el 31 de agosto. 

Incluso se llegó a abrir a la empresa adjudicataria un expediente de penalidad por las demoras del cumplimiento del plazo establecido por importe de 59.229 euros, que finalmente por decreto de Presidencia se cerró sin aplicar las penalidades, al ser admitidas las alegaciones de la constructora.