Vázquez, que hace extensible a toda la comunidad autónoma la crítica por la insuficiencia de medios y las malas condiciones de trabajo de los profesionales, resalta que Ávila “es una de las provincias en las que mayor reflejo tienen esas carencias”, recordando la “descoordinación y falta de previsión de la Junta” en el incendio de la Paramera.

“Estamos igual que antes de aquellos sucesos, con los mejores bomberos y agentes medioambientales y con el peor operativo de toda España ante una emergencia climática, de la que ya nadie duda”, se lamenta.

“En el Valle del Tiétar hay torres con goteras, con óxido por todos los lados, inaccesibles, con las cubiertas dañadas y a 40 grados de temperatura y equipos sin conductores o sin mangueristas”, asegura, con unas circunstancias que “deberían de revertirse de manera inmediata”.

Por otra parte, el procurador abulense Miguel Hernández confía en que la Ley Básica de Bomberos Forestales y su homónima de agentes medioambientales pongan fin “a la injusticia que la Junta está cometiendo con este colectivo de trabajadores”.

Proyecto de ley

El proyecto de Ley Básica que ha llegado al Senado, tras su paso por el Congreso sin ningún voto en contra y la abstención del PP, Vox y UPN, “beneficiará a unos 400 profesionales en la provincia, poniendo fin a una sopa de clasificaciones profesionales y regulaciones, ofreciendo un reconocimiento legal o reglamentario expreso, derechos de protección eficaces o jubilaciones anticipadas y segundas actividades homologables con las de los bomberos al servicio de las Administraciones, entre otros aspectos ligados a este servicio de carácter esencial e interés social”.

Así mismo, ha apuntado que el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha registrado en las Cortes sendas proposiciones de Ley de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales para que Castilla y León cuente con operativo estable, público, con condiciones dignas y con recursos suficientes” para proteger el patrimonio medioambiental autonómico.

Pretenden también clarificar la estructura material y personal de los operativos, dado que “el dispositivo contra incendios de la provincia es un heterogéneo grupo de efectivos y equipos dependientes de varias Administraciones”. El grueso de este despliegue lo protagonizan los bomberos forestales bajo supervisión de la Junta, “una plantilla actual atomizada en 11 categorías diferentes y bajo formas jurídicas y laborales dispares”, ya que “hay bomberos que pertenecen a la empresa pública Tragsa, los hay laborales, y los hay por cuenta ajena de empresas privadas.

A ellos se suman los efectivos de colaboración de las entidades locales y la BRIF del puerto del Pico, “perteneciente al Estado, y la más profesionalizada de todas, en tránsito de convertirse en Brigada de tipo A, como la mayor parte de sus homólogas del país”.