Tras la toma de posesión el lunes de los nuevos consejeros, el Boletín Oficial de Castilla y León publica en su edición de este martes sendos decretos del presidente de la Junta por el que se establecen las funciones atribuidas a la Vicepresidencia de la Junta, así como la ordenación de diversas competencias en la Consejería de Presidencia.

En el caso de la Vicepresidencia, que ostentará la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se establece la representación de la Comunidad de Castilla y León en sustitución de su presidente, la representación de la Comunidad en el Comité de las Regiones en sustitución del presidente, la representación de la Junta de Castilla y León en la Fundación Castilla y León, así como la Presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno. 

Este último es el órgano colegiado y transversal que tiene la función de tratar, de forma previa al inicio de su tramitación, asuntos como los programas de inversiones públicas de carácter plurianual para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León o los planes y programas autonómicos, tanto generales como sectoriales, así como los proyectos y actuaciones estratégicas para el desarrollo de la Comunidad, entre otros.

En el caso de la Consejería de la Presidencia, cuyo titular es Luis Miguel González Gago, se produce una modificación con el fin de unificar en un mismo departamento las competencias materiales relacionadas con las atribuidas a la propia Consejería por razones de eficacia y racionalización organizativa. 

De esta forma se incorporan las funciones de coordinación de la atención a víctimas del terrorismo y sus entidades asociativas, el ejercicio de las facultades atribuidas a la Administración de la Comunidad en materia de colegios profesionales, fundaciones y asociaciones, la coordinación de las relaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con el Consejo Consultivo de Castilla y León, con el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo, y la coordinación de las medidas de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos.