Tras varias sentencias que obligan a la Junta a abonar a los trabajadores esta parte de la paga extra, en una reunión con los sindicatos, la consejera, Pilar del Olmo, se ha comprometido a reunir la Mesa de Negociación con el objetivo de pactar el calendario de devolución de la parte devengada de la extraordinaria de Navidad de 2012, con lo que se garantizará la validez y extensión del acuerdo a toda la plantilla de la Junta, al tratarse del órgano de mayor representatividad y legitimación.

La consejería ha señalado que cualquier acuerdo alcanzado fuera de este órgano no sería válido, ya que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula tanto las materias que son objeto de negociación entre la Administración y sus trabajadores, como los órganos en los que debe llevarse a cabo, de los cuales el principal es la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, que goza de la máxima representatividad y legitimación para abordar cualquier asunto que afecte a las retribuciones.

Sentencias
De este modo se quiere “transmitir un mensaje de tranquilidad, seguridad y confianza a los empleados públicos después de que en las últimas semanas se hayan conocido distintas sentencias judiciales que reconocen a algunos trabajadores de la Junta el derecho a cobrar una parte de la paga mencionada.

Así se lo ha trasladado la consejera  miembros de los sindicatos CSI-CSIF, UGT y CC.OO. durante la reunión que han mantenido el martes en la Consejería de Hacienda, a la que han acudido en representación de la Plataforma de Empleados Públicos de Castilla y León.

La decisión de convocar la Mesa General de Negociación supone, por otra parte, cumplir la proposición no de ley aprobada en el pleno de las Cortes de Castilla y León del pasado 27 de noviembre, en la que se instaba a la Junta a iniciar un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos al objeto de acordar el periodo de abono de la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 devengada y no percibida.

Se trata de las retribuciones correspondientes a los días comprendidos hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que incluía medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad del Gobierno de España, entre las que se estableció la supresión de la paga extraordinaria de Navidad del ejercicio 2012 para todos los trabajadores de las administraciones públicas, incluidos los de las comunidades autónomas.

En lo que se refiere a los ayuntamientos, en la provincia de Ávila ya se ha producido una sentencia en el mismo sentido, tras la denuncia de una empleada del Ayuntamiento de Candeleda.