“No se puede menospreciar a los representantes legales de unos 2.300 docentes, con excusas de agendas apretadas”, ha expresado José Ignacio Rodríguez, presidente de la representación del profesorado.
Por eso han vuelto a solicitar una reunión para primeros de septiembre y así “pueda planificar con los compromisos adquiridos en el primer encuentro de comunicación fluida” con la Junta de Personal.

Los asuntos “importantes” que quieren abordar, y que “repercuten directamente en la calidad del funcionamiento” de la educación pública de la provincia de Ávila son “las preocupaciones de evolución de los presupuestos de los centros educativos, ante la falta de explicaciones convincentes” de la Dirección Provincial, “el posible retraso del pago en la nómina de septiembre, en las itinerancias y para los tribunales del personal docente”.

Tribunales de oposiciones

Por otra parte, la Junta de Personal Docente no universitario de Ávila se ha pronunciado sobre la pérdida económica que suponen los procesos selectivos de los cuerpos de Educación Primaria y Secundaria en Castilla y León.

En Ávila se han constituido los tribunales de las especialidades de Secundaria de Biología y Geología, Equipos Electrónicos, Filosofía, Orientación Educativa y Sistemas Electrónicos.

La participación en los tribunales de oposición tiene carácter obligatorio para aquellos funcionarios públicos seleccionados por sorteo público, que tienen derecho al cobro de determinadas indemnizaciones establecidas en el Decreto 252/1993 de 21 de octubre, y actualizadas en el Acuerdo 1/2007, de 18 de enero.

La Junta de Personal ha expresado su “más profundo malestar”, al considerar que la situación es “inadmisible por la obsolescencia y falta de revisión y previsión de las indemnizaciones y dietas de todo el personal de la Administración de Castilla y León que está participando en los diferentes procesos de selección”.

Las direcciones provinciales de Castilla y León, han sido informadas a lo largo de esta semana del malestar presente en el profesorado, asegura la representación de los docentes, que exigen “la mayor celeridad y responsabilidad” para la actualización de dichas cuantías, con el objeto que desde la Dirección General de Función Pública, órgano competente para ello se cumpla la parte del Decreto 252/1993 que establece que estos importes serán revisados periódicamente, “para corregir esta desigualdad y evitar perjudicar todavía más a todos aquellos funcionarios que aun estando obligados a la asistencia, no les lleve aparejada una pérdida económica".