Una pena para cada uno de los dos acusados que permanecen en libertad provisional desde que el 16 de mayo de 2023 la Guardia Civil los interceptara en un control rutinario en la AP-6, a la altura de Sanchidrián, cuando viajaban de paso por la provincia en un Volkswagen Golf con 12 paquetes de 11.946,66 gramos de cocaína con una riqueza del 80,07%, también 4.984,25 gramos con una pureza de 80,51 %; y 1.990,8 gramos con un 80,49% de pureza. 

Todo ello, con la finalidad de entregarlo a una tercera persona de identidad desconocida, quien les pagaría una cantidad de dinero, para ser distribuida a terceras personas. El valor de la cocaína intervenida asciende a los 469.363,50 euros al por mayor. 

Aunque la fiscalía pedía en un principio ocho años de cárcel para cada uno de los acusados y casi un millón de euros de multa (950.000 euros), tras alcanzar un acuerdo entre las partes se ha rebajado la condena a cinco años de prisión y 500.000 euros para cada uno, dada su condición de adictos a sustancias estupefacientes. 

Además, la sanción económica impuesta queda ligada a una responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago, por lo que la condena de cárcel podría aumentar hasta los seis años si no hacen frente a la multa. Y es que, según han detallado fuentes del ministerio fiscal, ante tal cantidad de dinero, cabe la posibilidad de que los ahora condenados no puedan pagar el medio millón de euros, es decir, un millón de euros entre los dos. 

Posibilidad de no cumplir los cinco años de condena

Aunque las partes han mostrado su conformidad con el acuerdo alcanzado entre las partes en la mañana de este miércoles en la Audiencia Provincial, la defensa solicitará la suspensión de la ejecución de la pena de cinco años de cárcel. Una pena que no se suma a la responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión por no hacer frente a la sanción económica, según han explicado desde el ministerio público. 

Esta posibilidad de suspender la entrada en la cárcel de los condenados durante cinco años, se debatirá cuando ya estén cumpliendo condena, en función de la evolución del tratamiento de deshabituación de sustancias al que se estén sometiendo los acusados.