García, que ha participado en la mesa redonda titulada 'Diálogo para la gobernanza multinivel', ha hecho hincapié en los problemas que provincias como Ávila tienen que afrontar para combatir la despoblación y prestar servicios de calidad, todo ello con una financiación local que "crea españoles de primera y de segunda". 

En este sentido, ha defendido la necesidad de tener en cuenta el criterio de la dispersión demográfica para prestar servicios. Al respecto, ha puesto el ejemplo de una provincia como la abulense, en la que viven 100.000 personas en unos 8.000 kilómetros cuadrados, "con el coste que ello supone, que es mucho mayor que el que puede haber en localidades que aglutinan doscientos mil habitantes en 60 kilómetros cuadrados".

"Sin embargo", ha añadido, "las entidades locales vemos cómo, a punto de cumplirse 40 años de la aprobación de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, hemos pasado de ser, ni siquiera beneficiarias en nuestras competencias propias, a tener que ser colaboradoras necesarias en las impropias". 

A juicio de García, los desequilibrios entre territorios están en la raíz del problema: "si hay 38 diputaciones de régimen común, tres forales, siete cabildos y cuatro consells insulares, las tres forales tienen más del doble de presupuesto que el resto de diputaciones, cabildos y consells juntos".

En este sentido, el presidente de la institución provincial ha dicho que las diputaciones, consells y cabildos no pretenden ser "unas entidades subsidiadas, pero sí hablar y que su voz se tenga en cuenta en una financiación justa, que no haga españoles de primera y de segunda".

Diputaciones de Ávila y Barcelona

Según ha dicho Carlos García, el marco legal de las diputaciones "no distingue obligaciones entre la Diputación de Ávila, que tiene 81 millones de presupuesto, y la de Barcelona, que cuenta con 1.150, cuando hay 100.000 abulenses en el medio rural y 500.000 barceloneses que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes".

"¿Dónde están la cooperación y la solidaridad que emanan de la Constitución?", se ha preguntado García, antes de defender la necesidad de "afrontar los problemas reales y darles respuesta a través de una financiación justa, que tenga en cuenta a las personas del medio rural, que tienen sus trabajos, sus familias, que reivindican precios justos para sus productos agroalimentarios, que garantizan la calidad de la cadena alimenticia, que quieren mejores infraestructuras y fibra óptica". 

Respecto a la gobernanza multinivel, García ha calificado este concepto como "un eslogan más de la factoría que pone nombres muy bonitos", pero que en su opinión "no se plasman en la realidad". En este sentido, ha reclamado "un compromiso efectivo que destaque la importancia de las entidades locales y lo que representan".

En el caso de Ávila, una provincia "agroganadera", la gobernanza multinivel "se debería plasmar teniendo en cuenta a las administraciones más cercanas al ciudadano y a los propios vecinos para afrontar problemas como el del lobo o el de la limpieza de los cauces de los ríos"; sin embargo, García lamenta que "solo se tiene en cuenta al ecologismo burócrata que conoce el medio rural de unos cuantos fines de semana".