A estas tres personas se les investiga como supuestas autoras de varios delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, ha informado el instituto armado, que explica cómo una de las responsabilidades del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA), consiste en la prevención de las construcciones ilegales.

Por ello iniciaron vigilancias discretas, detectando a principios de 2022 presuntas irregularidades en materia de construcción en dos fincas ubicadas en la comarca del Valle Amblés, próxima a la capital abulense.

Dichas irregularidades consistían en la construcción de dos piscinas totalmente equipadas; lo que pudiera ser una nave sin terminar; un cuarto de baño con obra finalizada e instalaciones prefabricadas ancladas al terreno para uso residencial, en un tipo de espacio que no está permitido efectuar construcciones. 

Analizados los hechos, ya que las construcciones se habían realizado en suelo rústico común y suelo con protección natural, los agentes iniciaron las investigaciones y gestiones necesarias para esclarecer estos hechos.

Finalmente, las pesquisas concluyeron que los propietarios de las fincas carecían de las correspondientes licencias urbanísticas y otros permisos preceptivos que conceden los ayuntamientos. 

Por ello,  entre el 11 de marzo y el 6 de junio se localizó a los tres propietarios de las dos parcelas, que fueron identificados y puestos a disposición judicial en calidad de investigados, como presuntos autores de las construcciones ilegales. Las construcciones efectuadas ilegalmente, han quedado a disposición de la autoridad judicial competente. 

La Guardia Civil informa de que, antes de iniciar cualquier obra en una parcela ubicada en terreno rústico, el interesado deberá dirigirse al Ayuntamiento competente y solicitar la correspondiente autorización y licencia.