Carta blanca a la caza de jabalíes, ciervos y gamos en la mitad de la provincia de Ávila

Esta medida, formalizada a través de una orden de 3 de junio, responde a la necesidad urgente de controlar la población de estas especies para mitigar riesgos sanitarios y medioambientales, según Medio Ambiente.
La declaración afecta a municipios de las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, y Segovia. En el caso de provincia abulense se incluye la mitad sur.

La declaración se basa en el artículo 71 de la Ley 4/2021 de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, que permite actuar en territorios con concentraciones significativas de especies cinegéticas cuando se identifican circunstancias específicas como riesgos para la salud y seguridad de las personas, daños a cultivos y ganado, y desequilibrios poblacionales.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural propuso esta medida el 20 de abril de 2023, subrayando la "elevada prevalencia de tuberculosis en ganado bovino" en ciertas áreas, y el riesgo de transmisión de enfermedades entre fauna silvestre y doméstica. Esta situación no solo afecta la salud de los animales, sino también la de las personas que manipulan o consumen estos animales, además de representar un riesgo significativo para el medio ambiente.

Medidas específicas
La orden establece varias acciones específicas para controlar las poblaciones de jabalíes, ciervos y gamos.
Los titulares cinegéticos deben informar quincenalmente sobre las acciones de caza y sus resultados, independientemente de si se han realizado capturas, a través de medios telemáticos proporcionados por la Administración.

Controles poblacionales en casos donde las cacerías autorizadas por temporada se hayan completado sin alcanzar el objetivo de reducción poblacional, se permitirán controles adicionales. Estos estarán sujetos a comunicación previa y deberán respetar normativas de conservación.

Para aumentar la eficacia de las cacerías, se permitirá el uso de más de 30 perros y hasta 39 cazadores en acciones colectivas, siempre que no contravengan las normas de conservación de biodiversidad.

La declaración de emergencia cinegética será revisada periódicamente y se mantendrá hasta que las circunstancias que la motivaron desaparezca, y las administraciones promotoras podrán proponer revisiones sobre el ámbito territorial afectado.