En el último mes, que es el segundo consecutivo de descenso, se redujo el paro en 226 personas, el 2,56%, por lo que los 8.603 desempleados suponen 183 menos que en el mismo mes del año anterior, que significa el 2,08%, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En abril había bajado en 382 personas.

El sector servicios tenía a finales de mes 6.067 desempleados tras reducirse su número en 204, mientras que el de industria cuenta con 20 personas menos en paro, con 483.

El de la construcción, con ocho menos, y son 697, apenas experimenta cambios, como el de agricultura, con 321 desempleados tras reducirse en cuatro personas.

Sin embargo, aumento el paro en diez desempleados en el colectivo sin empleo anterior, donde hay 1.037 personas.

Por sexos, los hombres en paro en Ávila son 3.484, que son 153 menos que en abril, y 5.121, que supone una cifra inferior en 73 respecto al mes anterior.

Respecto a la Seguridad Social, la cifra media de afiliados en mayo fue de 56.634, con 483 más que en abril, el 0,86%. Y 674 más que en el mismo mes de hace un año, el 1,20%.

Empresarios

Al conocer estos datos, CEOE ha destacado “el compromiso de las empresas con el empleo”, aunque los descensos son inferiores a las de Castilla y León. Y aunque reconocen que los datos son positivos, advierten de “un contexto económico claramente incierto por la situación geopolítica, el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción, y la inseguridad jurídica derivada de los continuos anuncios de cambios normativos a nivel nacional”.

Por ello, la patronal quiere que se consolide la tendencia positiva “reforzando las políticas de apoyo a la actividad de las empresas y apostando por la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas facilitando su activación e inserción en el mercado laboral”, que debe ser “dinámico e inclusivo, dando cobertura rápida a las demandas del tejido productivo”.

Los empresarios piden “un marco regulatorio estable” y “rechaza reformas legales de clara naturaleza intervencionista, aprobadas al margen del diálogo social, como la prioridad aplicativa de los convenios colectivos autonómicos, que resulta un verdadero obstáculo en tanto que no solamente atentan contra la unidad de mercado sino que supone una modificación radical de la estructura de la negociación colectiva clave para garantizar, entre otros muchos aspectos, una ocupación estable y duradera”.