Una reunión convocada en plena campaña electoral para la convocatoria europea del próximo 9 de junio en la que se ha trasladado a las entidades “las políticas que desarrolla el Partido Popular respecto a las personas, con discapacidad”, porque “son el partido que conoce la tierra y el de mayor implantación que tiene en el territorio”, según Blanco. 

“Estamos presentes en todos los pueblos de esta comunidad, en todas las provincias, pero estamos presentes sobre todo escuchando a las personas y sus demandas, trabajando por ellos y trabajando con ellos”, ha manifestado la consejera que ha señalado la intención del PP de llevar “esa voz fuerte a Europa”. 

Por ello, han expuesto a las entidades abulenses las medidas que se llevan a cabo desde la Junta de Castilla y León “para ayudar a las personas con discapacidad y demostrar que, frente a otros que rebajan subvenciones, por ejemplo, o que están más centrados en privilegiar a determinadas personas y territorios, en privilegiar a los que cometen delitos, con lo que está pasando hoy en día en el Congreso; el Partido Popular está ocupado en solucionar los problemas de la gente”, según Blanco. 

"Era necesario repartirlo con las entidades"

En este sentido, la consejera ha puesto de manifiesto el reparto de los fondos europeos: “el dinero que vino de Europa, no de Pedro Sánchez, por mucho que trate de apropiarse del dinero, no solamente de los españoles, sino también de los europeos. La Consejería de Familia, en este caso el Gobierno del Partido Popular, entendió que era necesario repartirlo con las entidades del tercer sector”.

Según Blanco, Castilla y León fue la primera en destinar el 10% de los fondos, es decir, 15 millones de euros, a entidades del tercer sector para que “se pueda hacer un uso racional de esos fondos y que lleguen a lo que verdaderamente necesitan las entidades como pueden ser, por ejemplo, vehículos adaptados o eléctricos adaptados para satisfacer las necesidades que tienen”. 

“Mientras unos estamos preocupados en aprobar leyes que mejoren la vida de las personas, en este caso, de las personas con discapacidad. Por supuesto, sin contar con el apoyo de la oposición, ni del Partido Socialista, ni de otros grupos que están preocupados es de aprobar la ley de amnistía, que perdona delitos, que crea desigualdades en especial con esta tierra y que mejora la vida solamente de los interesados, solamente de sus socios que permiten que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Esa es la diferencia entre unos y otros”, ha manifestado la consejera, asegurando que “eso es lo que iba a contar” en la reunión con las asociaciones abulenses y “eso es lo que hay que trasladarle a todos los ciudadanos”.

Sin embargo, tras el informe de Cáritas en el que alertaban de que en 2023 uno de cada cuatro abulenses se encuentra en umbral de pobreza, Blanco ha culpado a los socialistas pues "desde que gobierna el Partido Socialista con sus socios, en España, el partido que se dice social, en España han incrementado los hogares que sufren el riesgo de pobreza. Hay más hogares con pobreza y pobreza infantil, los precios de la cesta de la compra y los precios de la energía [han aumentado]. 

"O se transfiere o no"

Por ello, ha sacado a colación las diferentes líneas de actuación de la Junta de Castilla y León, así como de la Diputación en cuanto a las ayudas de emergencia, las subvenciones para el pago de hipotecas o la Renta Garantizada Ciudadana diferente  al Ingreso Mínimo Vital que “no va vinculado a nada”, frente a la Renta Garantizada que va ligada a la inserción laboral o a evitar el absentismo escolar. 

Y después de que el Gobierno haya concedido la posibilidad a las comunidades autónomas de hacerse cargo de las partidas del Ingreso Mínimo Vital, la consejera ha asegurado que ha solicitado una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Siaz, pues la administración regional “quiere el Ingreso Mínimo Vital en las mismas condiciones que se le ha transferido al País Vasco y a Navarra. Es decir, en su totalidad, desde el inicio de los trámites hasta el pago del mismo”. 

“No queremos un ingreso mínimo parcheado que tenga la injerencia del gobierno, o se transfiere o no se transfiere”, ha sentenciado la consejera momentos previos a la reunión con las entidades abulenses.