“No es frecuente, en absoluto”, han manifestado desde el ministerio público después de lo ocurrido en la Audiencia Provincial de Ávila este miércoles respecto a que el acusado haya renunciado a su defensa. Y es que, los juicios por delitos relacionados con el tráfico de drogas, habitualmente se resuelven con acuerdos entre la fiscalía y la defensa, que terminan con acuerdo entre las partes y la posibilidad de no entrar en prisión. 

Sin embargo, la sorpresa ha llegado minutos antes de la celebración de la vista oral, cuando el acusado ha renunciado a su defensa al considerar que “no ha hecho mucho” por su caso, poniendo en duda la capacidad profesional del letrado. 

Sin embargo, tras un receso, la sala ha rechazado suspender el juicio al concluir que los motivos esgrimidos por el acusado no eran suficientes pues el investigado ya conocía desde hace al menos tres meses, las peticiones de pena de su caso. 

Dinero por una defensa gratuita

En este sentido, el acusado se ha defendido asegurando que el letrado asignado, para ofrecer asistencia gratuita, tan solo se había reunido con él después de la detención de estos hechos que se produjeron en Lanzahíta, trasladándose a los juzgados de Arenas de San Pedro. Una reunión tras la que el letrado de oficio, según ha manifestado el hombre, le requirió 2.700 euros por hacerse cargo de la defensa. Declaraciones ante las que la defensa se ha excusado, asegurando que intentó contactarle por vía telefónica en numerosas ocasiones, además de acudir a su casa, en Casavieja, al menos un mes antes de la celebración de la vista oral de este miércoles. “Tiempo suficiente para preparar la defensa”, según ha indicado el letrado. 

Y aunque tanto fiscalía como la defensa han sido partidarias de alcanzar un acuerdo, el investigado ha rechazado esta opción alegando la recomendación de sus nuevos abogados que no se han personado en la Audiencia por motivos médicos.

Ha sido la renuncia a la defensa lo que ha motivado también al hombre a no a declarar, así como el rechazo de alcanzar un acuerdo con el ministerio público. Por tanto, el juicio se ha celebrado en los mismos términos que al inicio: con la petición por parte de la fiscalía de seis años de cárcel y una multa de 2.200 euros, teniendo en cuenta que el acusado es reincidente por unos hechos “similares o más graves” que los que hoy se enjuiciaban, según el ministerio público, y que ocurrieron en el aeropuerto de Barajas. 

Acreditada la venta de lo intervenido

Así las cosas, sin declaración del acusado y con las testificales de algunos de los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso, para la fiscalía ha quedado acreditada la autoría de los hechos, así como el propósito del delito: revender las sustancias a terceros. 

Para contextualizar el caso, hay que remontarse hasta febrero de 2023, cuando el acusado fue sorprendido en su vehículo por la Guardia Civil a la altura de Lanzahíta. Según han declarado los agentes, en un primer lugar se percataron de unas tapas levantadas en el reposabrazos que, tras inspeccionarlo, se halló una sustancia blanca. También encontraron sustancias ocultas en el interior de un desodorante aparentemente vacío de líquido pero que, una vez abierto, contenía 30 pastillas de color rosa en su interior. 

Una vez trasladado el vehículo y al acusado a los juzgados de Arenas De San Pedro, la policía judicial se hizo cargo de las pesquisas que dieron como resultado el hallazgo de diferentes sustancias que alcanzaban los 24 gramos en total. Tras los análisis, se certificó que se trataba de anfetaminas y MDMA de diferente pureza, y al menos 30 pastillas circulares rosas de 2C-B (un derivado de las anfetaminas), también con diferente pureza, además de encontrar en la puerta del conductor una báscula de precisión. 

Anfetaminas y MDMDA

El valor que hubiera alcanzado el total de la sustancia intervenida en el mercado ilícito sería de 742,67 euros, de los que 412,56 euros se corresponden con el valor de la anfetamina, 96,68 euros con el del MDMA y 233,43 euros con el del 2C-B.

Al hombre también se le intervinieron 125 euros, en billetes fraccionados. Una cuantía económica que para el ministerio fiscal supone una prueba acreditada de la venta de sustancias. 

Y aunque el acusado no ha querido declarar, sí se ha acogido a su derecho a la última palabra, donde se ha excusado, alegando que los hechos “se han tergiversado”, porque “él es una persona normal y trabajador toda su vida”, aunque cometió “el error, porque se quedó en paro, el estado de ansia y tuvo aquel error del aeropuerto”.  

De la misma manera se ha defendido asegurando que “ni tiene casas, ni dinero, ni tiene nada”, de manera que las sustancias intervenidas “eran para una fiesta de carnaval”. Además de defender que “su coche había estado anteriormente en una fiesta en Galicia, en la que entraba todo el mundo [en el vehículo], no lo había limpiado y encontraron cosas que ni sabía que estaban”. 

Speed por un "carácter vago"

“Yo únicamente tomo speed, porque mi carácter es un poco vago y a mejor lo utilizo un poco para estudiar o leer”, ha manifestado también sobre una de las sustancias intervenidas para alegar su adicción. 

Una adicción que podría haber alegado durante su declaración a la que renunció. Y es que para la fiscalía es uno de los motivos por los que ha quedado comprobado que las sustancias iban a venderse, tal como ha manifestado durante las conclusiones de la vista, momentos antes de esa intervención del investigado. 

Por la variedad de las sustancias, que ha sido definido por el ministerio público como “farmacia ambulante”, la distribución y ocultación de las mismas en el vehículo, la circunstancia del acusado de no haber alegado su adicción a las drogas con una acreditación médica -ante lo que ni siquiera se le podría considerar como “aficionado” al consumo-, así como la báscula de precisión hallada junto a los antecedentes que acumula por el suceso ocurrido en Barajas que le hacen presuponer reincidente en estos hechos; el ministerio fiscal pide seis años de cárcel y una multa de 2.200 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 100 días de privación de libertad en caso de impago.

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución alegando un supuesto error en la cadena de custodia durante la incautación de las drogas.