En dicha moción, la portavoz del GPP y senadora por Ávila, Alicia García, exige la creación de un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción y otro de lo penal, para "aliviar la carga y saturación que sufren estos juzgados en la provincia", que son las reivindicaciones planteadas en la reciente memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Asimismo, demanda “más medios materiales y personales” en los juzgados para “mejorar su funcionamiento” y “garantizar a los abulenses su derecho a la tutela judicial efectiva”.

García echa mano de los datos de la memoria judicial del año 2023 presentada por el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, donde considera necesaria la creación de un sexto juzgado de primera instancia e instrucción y un nuevo juzgado de lo penal, "para aliviar la sobrecarga que padecen los juzgados".

La senadora  resalta igualmente que esa misma memoria recoge el incremento de los asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León, desde los 289.797 casos de 2022, a los 298.326 de 2023.

En el caso de Ávila,  García incide en el incremento de casi el 12% de casos tramitados en los juzgados abulenses durante el año 2023 respecto al anterior.

Segundo equipo psicosocial

La iniciativa del PP, que se debatirá en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, también demanda la creación de un segundo equipo psicosocial adscrito al Instituto de Medicina Legal, para “dar apoyo al ya existente y evitar los retrasos en la elaboración de informes, tanto en materia de familia como de violencia de género”.

"El equipo psicosocial está desbordado ante los numerosos informes que tienen que elaborar a petición de todos los órganos judiciales de la provincia de Ávila, paralizando los procedimientos y dilatando hasta un año su redacción", señala la portavoz del GPP.

Además, García pide al Ejecutivo central que cubra la plaza de un perito de bienes muebles, vacante en estos momentos, y más personal informático, pues en la actualidad solo cuenta con una persona externa a la administración de justicia, "insuficiente para solucionar las eventuales incidencias informáticas que se plantean en los distintos juzgados".