“España es un país paralizado legislativamente en este momento, con el Congreso de los Diputados prácticamente sin actividad legislativa en esta legislatura”, y “España es ahora mismo un país paralizado en su Gobierno, un país cuya presidencia del Gobierno se encuentra en sede vacante durante cinco días”, ha criticado.

“Y -ha añadido- lo que es más lamentable es que con el historial de falta de credibilidad del presidente del gobierno, creo que una inmensa mayoría de los españoles no sabemos a qué atenernos, porque el presidente del Gobierno es muy dado a pensar u opinar una cosa en un momento dado y a cambiar de opinión con frecuencia y sin justificar o motivar ese cambio”.

Según Martín, “todo esto parte de un sentido exclusivamente patrimonial del poder”, por eso Sánchez, “en este momento de parálisis en el Gobierno, ha tomado una decisión sin contar con el resto de los miembros del gabinete y sin contar con su partido, y por supuesto sin tener en cuenta las consecuencias tan graves que para una democracia moderna y occidental como la española”,

Así, “nos encontramos ante una sociedad sin presidente del Gobierno”, con lo que “el prestigio de España y de sus instituciones no puede caer tan bajo”, con lo que “al ya conocido proceso de colonización partidista de las instituciones, se une la parálisis, legislativa, y ahora una crisis en la cúspide del Gobierno de España”.

Espectáculo inédito

“No sé qué más nos queda por ver, pero a lo que estamos asistiendo es un espectáculo inédito y yo creo que inmerecido para un país y una democracia como la española”, ha manifestado Martín en una rueda de prensa en la que explicado la iniciativa del PP aprobada en el Senado para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Apoyada por el PSOE, no confía en que sea aprobada en el Congreso.

Esta medida está dirigida a mejorar las condiciones laborales de aproximadamente 21.500 funcionarios de prisiones en España, de los que 150 se encuentran en el Centro Penitencio de Brieva.

El senador ha explicado la necesidad urgente de esta ley frente a las alarmantes estadísticas de violencia: "en el año 2023 se registraron 508 agresiones a funcionarios de prisiones en nuestro país, con un incremento del 12% respecto al año anterior”. De media se agrede a un funcionario de prisiones cada 16 horas en nuestro país.
Martín ha resaltado que esta iniciativa fortalece los derechos de los funcionarios frente a agresiones o amenazas por parte de los internos.

Sin embargo, a pesar de la aprobación en el Senado, Martín critica la falta de acción en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría de las propuestas legislativas del Senado han quedado estancadas. "Mientras que el Senado ha impulsado nueve iniciativas legislativas durante esta legislatura, en el Congreso solo se ha tramitado una, dedicada a la amnistía, dejando de lado otras propuestas importantes”, ha lamentado.