En los últimos cinco años se han duplicado las viviendas turísticas, pasando de 404 en 2019 a 849 en 2024, lo que representa el 23% del total en Castilla y León con 6.283 plazas disponibles desde las 909 de hace lustre.

Según Hugo Ortega, presidente de la Asociación de Hoteles de Ávila, de CEOE Ávila, la proliferación de estas viviendas turísticas está provocando en algunas ciudades "graves problemas de convivencia" y una creciente "turismofobia" en ciertas áreas. Ortega afirma no quieren que se prohíban las viviendas de uso turístico, sino que “se controle como una actividad económica que conlleva riesgos y disfunciones".

A nivel nacional, los pisos turísticos alcanzaron un récord de 340.000 viviendas en 2023, y las plazas que ofertan ya superan a las de los hoteles y alojamientos similares. “Y esto está teniendo consecuencias, no solo para el sector hotelero”, porque “la escasez de viviendas de alquiler está generando graves problemas de convivencia en muchos municipios españoles, provocando tensión entre los residentes que culpabilizan a la especulación inmobiliaria y al sector turístico”.

Apunta que “cuando se profundiza en las causas que han provocado un incremento desproporcionado en los costes del alquiler, que ocasionan que muchas familias tengan que abandonar su residencia habitual o no encuentren una vivienda para instalarse, todos los expertos e informes coinciden en que determinadas normativas o la ausencia de ellas son las que han afectado a este preocupante fenómeno”.

Regulación eficaz

Según Ortega, las autoridades locales, autonómicas y nacionales deben de adoptar una regulación que debe ser “rápida y eficaz”, que esperan tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de impulsar una ley para regular las viviendas vacacionales, una medida que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha calificado de urgente y prioritaria.

Además, la nueva Ley de Vivienda ha contribuido a una reducción de más del 30% en la oferta de alquiler residencial en solo un año, complicando aún más el acceso a vivienda asequible, según la asociación, que considera que la falta de legislación adecuada ha sido un factor clave en este fenómeno, según advierten varios informes y expertos.

Ortega llama al Ejecutivo para aprovechar la nueva ley y establecer reglas claras a nivel nacional, así como apoyar legislación autonómica y municipal que “garantice una buena convivencia entre residentes, turistas y usuarios de viviendas vacacionales”. Considera esencial “recuperar la capacidad de vivir tranquilamente y mantener la identidad de las zonas afectadas, minimizando las molestias ocasionadas por los alojamientos temporales".