La organización agraria acusa al organismo de cuenca de no proporcionar un mecanismo adecuado para realizar esta inscripción, forzando a los agricultores a enfrentarse a prolongados y costosos litigios legales, mientras simultáneamente les envía multas por el uso de estos mismos pozos.

Un caso destacado es el de un joven agricultor de Madrigal de las Altas Torres, quien se enfrenta a expedientes sancionadores por regar con un pozo heredado de sus antepasados que “siempre ha utilizado su familia para producir alimentos”.

Además, Asaja critica que la confederación no solo no facilita la inscripción de estos pozos, sino que tampoco apoya prácticas agrícolas sostenibles como la rotación de cultivos, crucial para la conservación del agua y el suelo. Tampoco se ha agilizado la constitución de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS), un sistema promovido por el Ministerio de Transición Ecológica que, según la organización, no está siendo implementado de manera efectiva.

Ante esta situación, han llamado a la Confederación Hidrográfica del Duero y al Ministerio de Transición Ecológica para que "retiren, archiven y paralicen todos los expedientes sancionadores" en curso, y busquen una solución definitiva que proteja los derechos y el sustento de los agricultores afectados.