Los litigios caen el 25% en un año de la Ley de Tasas

Según el vicedecano del Colegio de Abogados, Pedro Lanciego, “esto no quiere decir que haya menos problemas, sino que la ciudadanía se lo piensa dos veces antes del pago de la tasa y de acudir a la justicia”.

Varias decenas de abogados, magistrados y funcionarios se han concentrado al mediodía del miércoles ante el edificio de los juzgados para manifestar su disgusto contra el aumento de las tasas judiciales que se produjo hace un año.

La ley tiene el efecto práctico de “privar del acceso a la tutela real efectiva a los ciudadanos a la justicia”, ha criticado, advirtiendo que “de mantenerse” las tasas “se producirá una situación irreversible”. “Se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación”, ha lamentado.

Como Francia
Bajo el lema ‘Un año contra las tasas’, los abogados exigen de nuevo la retirada de la ley, como ha hecho recientemente el Gobierno de Francia al suprimir las tasas.

Lanciego ha dicho que la ley ha privado a miles de ciudadanos de su derecho mientras que los jueces “han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas”.

Según los abogados abulenses, la ley es “manifiestamente injusta”, porque empresas y ciudadanos “con recursos pueden asumirlo sin experimentar ninguna privación de ejecución del derecho”, mientras que quienes no los tienen “pueden acudir a la justicia gratuita”.

También critican que se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones públicas, exentas del pago de las tasas.

Recaudación
El manifiesto dado a conocer en este aniversario pone en duda el destino que se ha dado al dinero recaudado con las tasas, -103 millones de euros, muy lejos de los 306 previstos este año- que no figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia, y “no ha servido para mejorar la asistencia jurídica gratuita”.

El Colegio de Abogados critica también la “pésima gestión material” de las tasas judiciales, “caracterizada por la descoordinación” entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, que demuestra que se trata de un objetivo “puramente recaudatorio y disuasorio”, ya que la agilización de la administración de Justicia “no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz”.

Varios afectados por las participaciones acudieron a apoyar la protesta por los efectos que les ha supuesto sus denuncias judiciales.