Si el Gobierno aporta, al declarar las zonas afectadas como gravemente perjudicadas, lo que permite acceder a subvenciones que cubren hasta el 50% de los gastos en infraestructuras municipales y provinciales dañadas, la propuesta es que la Junta se haga cargo del 25% y la Diputación del otro 25%, para que los ayuntamientos no tengan que hacerse cargo de ninguna cantidad.

La proposición, que se debatirá en el pleno de marzo y que se celebrará el lunes 1 de abril, pide un “esfuerzo conjunto de la Diputación y la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España para que cada una de estas administraciones sufrague el 25% del coste de los daños, utilizando para ello los remanentes” de la institución provincial, según la portavoz socialista, Carmen Iglesias.

“El Grupo Socialista siempre será exigente con todas las administraciones públicas cuando se trate de defender los intereses de los abulenses", ha afirmado Iglesias, instando al Partido Popular a “demostrar su compromiso con los pueblos afectados”.

Además, la moción aboga por la creación de un "procedimiento de ayudas de emergencia" a nivel provincial, permitiendo una rápida y efectiva respuesta a futuras catástrofes. Este procedimiento estaría vinculado al Fondo de Contingencia, con una dotación anual mínima de un millón de euros, para asegurar la normalidad en los servicios públicos tras cualquier eventualidad.

"Una forma eficaz de ayudar a paliar los destrozos sufridos sería contar con un procedimiento a nivel provincial que permitiera activar de forma inmediata ayudas para las actuaciones más urgentes", señala la propuesta.