Tras semanas de polémica por esta ayuda que desde el año 2022 percibe la Junta de Semana Santa y que ha tenido que ser evaluado por la Oficialía Mayor del Consistorio; finalmente se ha aprobado mantenerlo tal como viene estipulado por convenio. 

Sin embargo, el PSOE ha asegurado que se trata de una propuesta ilegal al tratarse de una subvención nominativa enmarcada en unos presupuestos prorrogados que, por tanto, pierden la característica de tener que concederse de manera anual y directa, según ha detallado el concejal Fernando Contreras. 

Por ese motivo, han solicitado retirar del orden del día la votación, que no ha sido aceptada. Tanto es así que los concejales socialistas han dudado en los últimos minutos sobre el sentido de su voto, pidiendo el alacalde que se pusieran de acuerdo entre los cuatro en plena votación, siendo finalmente rechazada por el grupo.  

Por tanto, ha quedado aprobada con los votos a favor de Por Ávila, Vox y PP, a pesar de que estos últimos han lamentado la utilización política de esta polémica, cuando se trataba solamente de “un trámite administrativo”, en palabras del portavoz popular, Jorge Pato. 

"Hay que tener cuajo"

Afirmaciones que han sido recriminadas por el portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño: "hay que tener cuajo", ha manifestado Budiño, quien ha recordado al portavoz del PP que fueron ellos los que “elevaron al debate público” esta cuestión, pues a los pocos minutos de terminar la Comisión de Turismo en la que se trató este tema, enviaron una nota de prensa en la que aseguraban que “el PP había conseguido revisar a la baja el convenio vigente entre el Ayuntamiento y la Junta de Semana Santa”. 

El portavoz del Por Ávila ha cuestionado la posición del PSOE pasados los días y tras el informe de la Oficialía Mayor que ha concluido que el convenio debía mantenerse tal como venía acordado, al tiempo que ha detallado lo que se trató en la reunión de turismo en la que se buscó “proteger la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa”.

Ante esto, figuraban tres escenarios: mantener el convenio, modificarlo o reducir la cuantía -que implicaría ir a los tribunales, unido a una sentencia que comprometería un coste mayor a los 50.000 euros del convenio-. 

Por su parte, el grupo Vox no han realizado ninguna intervención para justificar su posición respecto esta cuestión, aunque sí ha apoyado la propuesta de mantener la ayuda en la votación final.