La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a dos años de cárcel y una multa de 4.018 euros a una mujer por tráfico de drogas, aunque se ha solicitado tanto la suspensión de la pena como el pago de la multa que será evaluado por el tribunal. 

Los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2023 en el transcurso de un control rutinario de la Guardia Civil a la altura del punto kilométrico 13,600 de la Ctra. CL-501, en el término municipal de Sotillo de la Adrada. 

La ahora condenada fue sorprendida mientras llevaba un paquete envuelto en plástico negro con un total de 99,35 gramos netos de cocaína de una riqueza del 82,7%, equivalente a una cantidad de 82,16 gramos. Una sustancia que alcanzaría un precio de 9.917,49 € en el mercado ilícito y que resultó ser propiedad de la acusada, quién lo poseía con ánimo de destinar al consumo de terceras personas. 

Acuerdo por las partes

Después de haber llegado a un acuerdo por las partes, la mujer que no es natural de Ávila, ha visto rebajada la pena de cárcel que solicitaba la fiscalía de 4 años y 6 meses de prisión a los 2 años, al haber quedado acreditada su adicción a las sustancias estupefacientes, así como la rebaja de la multa de los 29.750 a los 4.018 euros, con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de un mes de privación de libertad, así como privación del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Una vez dictada la sentencia de dos años de cárcel y 4.018 euros de multa para la mujer, la defensa ha solicitado tanto la suspensión de la pena de prisión para evitar la cárcel, así como la suspensión de la multa, alegando la falta de empleo de la acusada. 

La Fiscalía no se ha opuesto a la suspensión de la pena de cárcel, siempre y cuando no delinca en un plazo de dos años, así como que se someta a un tratamiento de deshabituamiento de drogas. Tampoco a la suspensión de la multa siempre que se acredite su insolvencia económica.  

Se evaluará suspender la pena y el pago de la multa

“Si no tienes dinero, obviamente no la puedes pagar. Entonces se sustituye esa multa por lo que se llama responsabilidad personal subsidiaria, que es una privación de libertad que se establece para cuando no se puede pagar la multa. Pero naturalmente, si concurren los requisitos para suspender la pena privativa de libertad más grande, también concurren para suspender la más pequeña”, señalan desde la fiscalía sobre la posibilidad de que la condenada no tenga ni que pagar la multa ni entrar en la cárcel. 

Para certificar su insolvencia económica se realizarán las investigaciones patrimoniales por parte de la administración de justicia, recopilando datos de Hacienda, cuentas corrientes y de catastro. Es decir, “lo que se suele hacer en todos estos casos para ver si una persona tiene o no tiene algún tipo de bienes con los que responder”.