Esta propuesta, que ha sido apoyada unánimemente por las principales organizaciones del sector, incluyendo CEEES, AEVECAR, AOP y UPI, surge en respuesta al alarmante aumento del fraude fiscal, especialmente en lo que respecta al IVA en la distribución de carburantes. El debate se ha intensificado en el marco de la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-Ley 8/2023, reconociendo el Gobierno en la exposición de motivos del decreto, que el fraude ha alcanzado cotas "gravísimas".

"Antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante, se debe garantizar el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto", insisten desde la asociación, proponiendo que esta garantía puede ser mediante la presentación de un aval o la demostración de ser un operador confiable.
Esta medida busca limitar las actividades de operadores fraudulentos que actualmente evaden el ingreso del IVA a las arcas públicas, proporcionando seguridad jurídica a toda la cadena de valor.

Las asociaciones destacan el "caso de éxito" de Italia, donde una medida similar ha sido implementada desde 2019 con notable efectividad y facilidad de implantación. "La 'solución italiana', propuesta por algunos de los grupos parlamentarios, es un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector", apuntan desde las asociaciones.

Con la esperanza de que los grupos parlamentarios respalden su aprobación e incorporación a la ley definitiva, la Asociación de Estaciones de Servicio de Ávila y sus homólogos nacionales resaltan la importancia de estas medidas para combatir el fraude fiscal en un sector que representa a más de 200.000 trabajadores y más de 4.700 empresas a lo largo de toda España. La iniciativa no solo apunta a fortalecer las finanzas públicas, sino también a asegurar un entorno de competencia justa y transparente en el mercado de carburantes.