“Desde aquel 28 de febrero de 2017 en el que fuimos conscientes del peligro que nos acechaba con el expediente minero Sonsoles 1.138 y aquel "estoy aquí porque amo a mi pueblo", han transcurrido 2.555 días en los que hemos permanecido alerta para que nuestras poblaciones no se vieran invadidas por la minería a cielo abierto”, señalan en comunicado esde ambos colectivos en este aniversario. 

Sobre todo, teniendo en cuenta que, como denuncia el Observatorio Ibérico de la Minería, “hay más de 100 minas en España que vulneran los derechos sociales o ambientales, aunque el número podría ser mayor, ya que tienen que examinar otras 400 explotaciones”.

La plataforma y la asociación quieren “poner en valor el paso adelante” que dieron hace siete años para defender a su territorio y a su gente al conocer, no por los ayuntamientos, como les hubiera gustado, que la empresa minera Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles SL, pretendía abrir una mina a cielo abierto para extraer feldespato en 54 cuadrículas mineras, que afectaría a varios municipios.

Dos meses después, recuerdan, la misma empresa “extendería su ambición” hasta las 100 cuadrículas mineras con un segundo expediente minero: Villatoro 1.143, que afectaba a más municipios.

Según recuerdan, “en su búsqueda por la rentabilidad, Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles SL acabó renunciando a parte del expediente Villatoro eligiendo 20 de las 46 cuadrículas mineras que lo comprendían, para solicitar una concesión para la explotación directa de la mina, con el nombre de Esperanza, renunciando definitivamente a este proyecto, pero abriendo otro, Madueña 1.149, que afectaba a Bonilla de la Sierra y a Casas del Puerto, pidiendo la explotación directa”.

Otro expediente

En el relato de lo sucedido durante estos siete años, la Asociación y la Plataforma recuerdan que en 2022 “un nuevo actor hacía su aparición” en el Valle del Corneja: Cerro el Rocil, filial de Grupo Cosentino.

Con el expediente Polonia 1.152, esta empresa quería iniciar un proyecto de investigación en 71 cuadrículas mineras que a su juicio “amenazaban a 16 de sus pueblos”.

Tras el paso dado el 28 de febrero de 2017, todo fue “una carrera por presentar a tiempo alegaciones, recursos de alzada y procedimientos judiciales para intentar paralizar estos proyectos”. Una carrera “por aprender cuáles eran los peligros reales y cómo combatirlos” y por “transmitir a la población, a los partidos políticos y a los organismos oficiales, la urgencia de unirse a la lucha para que las prospecciones no se llevaran a cabo y las minas a cielo a abierto no vieran la luz”.

Desde su punto de vista, “la lucha ha dado sus frutos”, al conseguir el apoyo de partidos, sindicatos, asociaciones y administraciones. En este sentido, se felicitan de que actualmente sean los propios alcaldes “quienes más concienciados están de que su papel es primordial para no permitir que las mineras dejen un paisaje yermo y una economía local arruinada”.

En este contexto, tanto la plataforma como la asociación dicen haber conseguido, con su movilización, “paralizar” con 4.500 recursos de alzada el expediente Sonsoles, aunque no ha sido rechazado. Al respecto, aluden al “apoyo de la Junta de Castilla y León, que dio carpetazo definitivamente el expediente Madueña”.

Además, hacen hincapié en el hecho de que los habitantes del Valle “hayan hecho suya la necesidad de estar siempre alerta, algo que les hizo enfrentarse, hace unos meses, a Cerro el Rocil al tratar de impedir que llevasen a cabo las primeras catas sin haber solicitado el permiso de los propietarios de las tierras”. A raíz de ello se presentaron las denuncias pertinentes.

Lucha del campo

“Desde el primer momento abogamos por preservar la agricultura, la ganadería y el turismo rural por lo que entendemos la lucha actual de agricultores y ganaderos, con quienes nos une la protección por los recursos naturales, el uso responsable de la tierra, así como la preservación de la identidad cultural y el patrimonio de los pueblos abulenses”, señalan ambos colectivos.

Dicen considerarse “un actor importante en la defensa del entorno rural abulense y en la lucha por defender los derechos y el bienestar de sus habitantes, actuando de puente en esta defensa con otras provincias, al establecer alianzas con otras organizaciones y plataformas medioambientales nacionales con las que hemos realizado campañas de presión para que los diferentes gobiernos tomen medidas más estrictas para regular las prácticas mineras”.

En este sentido, destacan su relación con las plataformas No a la mina en la Sierra de Ávila y No a la mina en la Sierra de Yemas, con las que iniciaron este “complicado camino”. “A pesar de haberse librado del peligro, no nos sueltan de la mano”, señalan.

Aseguran haber demostrado “resiliencia contra las multinacionales mineras en una confrontación desigual” y dicen luchar por “una sostenibilidad real, frente a la que proclaman las empresas mineras, con una minería ‘verde’, sin aportar datos exactos sobre la degradación de las industrias locales y del entorno en el que se instalan, así como la contaminación del agua y del aire o el impacto en la biodiversidad, por poner algunos ejemplos”.

“Nos gustaría terminar en breve con esta pesadilla, pero seguiremos luchando contra ella con el mismo espíritu y con el mismo ánimo que el primer día, porque el futuro de nuestros pueblos está en juego”, concluyen el resumen de estos siete años.