Son cinco vehículos auxiliares de extinción de incendios para los parques de bomberos que se construyen en Ramacastañas, Arévalo, Cebreros, Sotillo de la Adrada y Piedrahíta, además de uno más de salvamento. Además, se dota al servicio de bomberos de material de primera intervención contra incendios para los vehículos del servicio y de cinco equipos de primera intervención.

Con este importe, se pretende “desarrollar y apoyar la implantación territorial de una red de parques de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento con criterios de protección civil, que permitan dar una respuesta homogénea para todos los ciudadanos de Castilla y León, independientemente de la provincia donde se encuentren, además de mejorar el sistema de protección ciudadana en el ámbito rural”, según la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés.

Las ayudas concedidas a la Diputación de Ávila, “hábilmente y con muchísimo esfuerzo, porque ha sido una época bastante complicada, han sido de muy difícil tramitación”, por eso ha destacado “el trabajo de los técnicos” de la institución provincial, que “en coordinación con los técnicos de la Agencia de Protección Civil, han conseguido que veamos los frutos en el conjunto de Castilla y León”.

Todas las provincias

Se han concedido estas subvenciones a las nueve diputaciones provinciales y a las nueve capitales de provincia, además de a Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Ponferrada, por importe total de más de 35 millones de euros.

Del importe inicial de la subvención, que ascendía a 35.100.000 euros, se han ejecutado por parte de los beneficiarios 19.794.284 euros, de los que 6.123.307 se han destinado a la construcción de nuevos parques o su adecuación; 8.051.591 euros se han empleado en la adquisición de vehículos, y la tercera actividad subvencionable han sido los equipamientos de los diferentes servicios por un importe de 5.619.384 euros.

La directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha asegurado que la Junta “va a seguir apoyando a los servicios de prevención, extinción y salvamento de las entidades locales de Castilla y León, no solamente con aportaciones económicas, sino que desde el Gobierno autonómico se ha iniciado la tramitación de un marco legal específico para los SPEIS, la Ley de Ordenación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las Entidades Locales Castilla y León, que aborda la configuración básica de tales servicios”.

Esta norma “va a establecer un mínimo de homogeneización y facilitar una mejora en la colaboración entre los servicios”, que es “un elemento clave para la protección ciudadana, previendo, además, mecanismos de actuación conjunta y de participación tanto de las administraciones titulares del servicio, como de los representantes de profesionales del colectivo de los SPEIS, y regulando en términos homogéneos el régimen aplicable al personal operativo que presta los mismos".