Por tanto, el plan cuenta con una cuantía global de hasta siete millones de euros para que los municipios de menos de 10.000 habitantes realicen mejoras en las infraestructuras de sus localidades. 

De esta manera, los municipios menores de 250 habitantes van a percibir un montante fijo de 16.400 euros, los que tengan una población de entre 250 y 500 habitantes, 18.400 euros; aquellos de entre 501 y 1.000 habitantes, 21.400 euros, la franja de población comprendida entre los 1.001 a los 5.000 habitantes, 25.550 euros y aquellos municipios que superen los 5.000 hasta los 10.000 habitantes, una cuantía fija de 30.550. 

Así, los municipios y entidades locales de la provincia verán incrementada su cuantía respecto a 2023, con un importe de al menos 3 mil euros que se han repartido de manera lineal para todos, además de una parte variable, dependiendo de la población de cada uno de ellos a fecha 1 de enero del 2023. 

Partidas “más ajustadas”

De esta forma, las partidas quedan “proporcionalmente más ajustadas” para los 176 pueblos menores de 250 habitantes, que, de haberlo hecho basándose únicamente en el rango por población, esos pueblos “se hubiesen visto más perjudicados”, según ha manifestado el diputado responsable del área de Cooperación, Félix Álvarez de Alba. 

Este plan está destinado a que los ayuntamientos puedan financiar cualquier tipo de inversión como el ciclo hidráulico que va desde la captación, conducción, mejora o construcción de depósitos, así como el cambio y sustitución de redes. 

Plazos

El 12 de marzo para presentar las solicitudes finaliza el 12 de marzo, mientras que el 30 de noviembre es la fecha límite para ejecutarlo y el 31 de diciembre para justificar esas inversiones. 

Todos los municipios han presentado las solicitudes en 2023 que, en su amplia mayoría (un 70%) suelen destinar las partidas a obras de infraestructuras básicas como pavimentación, cambio de redes o alumbrado, rehabilitación de edificios municipales, ampliaciones de cementerios o pistas deportivas y su equipamiento.

Se trata de la mayor partida económica que la Diputación destina de manera directa a los Ayuntamientos, junto a los dos millones que destina a los planes de empleo.