Coincidiendo este miércoles con la fecha del apagón, Fernández Mañueco ha dicho que la Junta va a ayudar a "las personas y familias por el apagón de la TDT, ante la situación generada con esta decisión". Para ello, se destinará un presupuesto "inicial" de 500.000 euros, que podrá ampliarse en función de la demanda.

"Vamos a articular ayudas de hasta 400 euros para receptores, para antenas SAT/TDT en alta definición, especialmente en las zonas rurales, aunque no solo, para toda la Comunidad", ha explicado en su visita al nievo almacén logístico de Nissan en Ávila.

Con esta iniciativa se pretende "ayudar a la población con problemas de cobertura de televisión en el mundo rural (...), estando al lado de las familias y personas que tienen necesidades", ha apuntado Fernández Mañueco.

Distribuidores autorizados

El ámbito de actuación se centra en los residentes en aquellas zonas de Castilla y León que no reciben la señal de la TDT a través de los centros emisores terrestres y, por tanto, lo hacen vía satélite. Se exigirá que tanto los receptores como la instalación se hayan adquirido o encargado a través de uno de los distribuidores autorizados, único mecanismo habilitado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para solicitar el alta de un receptor.

Dado que la señal satelital está cifrada, los receptores deben estar homologados e instalados por distribuidores autorizados. El servicio de TDT a través de satélite es complementario a la cobertura terrestre, y sólo tienen acceso a él los ciudadanos que residan en zonas de sombra que no dispongan de señal terrestre o ésta sea muy deficiente.

Las emisiones se realizan a través del satélite Hispasat y están cifradas. Por ello, para recibir este servicio es necesario utilizar receptores homologados y activados a través de la plataforma SAT-TDT, actuación que solo pueden realizar los distribuidores autorizados.

En lo que respecta a las solicitudes para acceder a esta ayuda, deberán presentarse telemáticamente en la sede electrónica de la Junta o presencialmente en cualquiera de los registros previstos por la normativa a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOCYL. Sólo podrá registrarse una por domicilio y se dará prioridad a aquellas peticiones que se correspondan con los inmuebles en los que están empadronados los solicitantes.