La subida, del 2,42%, se sitúa por encima del 2,23% nacional, si bien registra mejor resultado que el porcentaje de aumento del desempleo en Castilla y León, que alcanza el 3,07%, y deja 9.174 parados, que son 719 menos que hace un año, son datos que, según la patronal, “se enmarcan en un contexto de incertidumbre prolongado durante meses, una caída de la cifra de negocios, un deterioro de los niveles de confianza y un aumento de costes empresariales, que está teniendo impacto en la contratación de las empresas, dadas las dificultades a las que se enfrenta cada vez más el empresariado”.

CEOE apunta que, además, en enero se redujo en la provincia el número de afiliados a la Seguridad Social en un 1,59%, que son 899; cuando en Castilla y León la cifra alcanzó las 10.692 personas, un 1,11% respecto al pasado mes, la misma cifra que en España, situándose en 950.695 personas. 

Los empresarios advierten sobre “las dudas sobre la evolución de la ocupación y el paro en los próximos meses”, y apuntan que “es evidente que las reformas laborales que están en proceso de negociación tendrán incidencia en las decisiones empresariales”.

A pesar de que la destrucción de empleo en el mes de enero tiene un componente cíclico, CEOE manifiesta su preocupación por la ralentización de la economía española “en un momento en el que la productividad de las empresas está registrando caídas y se sitúa en los mismos niveles que en 2015”.

Productividad

La patronal llama la atención de que “la creación de empleo que coexiste con descensos de productividad puede retroalimentar la ralentización económica y anticipar nuevas caídas de productividad en los próximos meses”.

En este contexto, señalan que la creación de empleo requiere plantear políticas y medidas que favorezcan la actividad y competitividad empresarial, por lo que “es imprescindible evitar actuaciones que lastren la competitividad empresarial y, en consecuencia, la capacidad tanto de generar inversiones como de crear empleo e incrementar su duración”.

En el caso del sector agrario, destacan la pérdida de afiliados a la Seguridad Social y la merma de autónomos en dicho sector, por lo que reclaman atención a los problemas de “un sector clave para el abastecimiento y para la economía rural como es el de agricultura, ganadería y pesca”.

Se trata de un sector que “viene soportando fuertes alzas de costes por la inflación de sus insumos, es muy vulnerable a las alzas de costes laborales acumulativas que padecen las empresas y acusa con más intensidad que otros ramos de actividad el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)”, del 52,6% desde 2018, así como “las rigideces para la contratación, la burocracia y los cambios normativos en pro de la sostenibilidad, la descontaminación y el cambio climático, al estar formado en su gran mayoría por microempresas con más dificultad para integrar nuevos requisitos legales”.

En el contexto de protestas del sector, piden “una atención específica que atenúe las alzas de costes y permita a las empresas agrarias sostener sus márgenes y relanzar la contratación y el emprendimiento, siendo en general necesaria una contención de las cargas que soportan las pymes españolas de todos los sectores”.