“Hoy en toda España los alcaldes están diciendo no a la amnistía, que es inconstitucional, y no a Sánchez”, ha dicho al presentar a la alcaldesa de Peguerinos, Asunción Martín, que ha leído el manifiesto, “porque ella representa a los alcaldes y la voz de tantas y tantas personas que están totalmente en contra de lo que está ocurriendo en nuestro país, de las tropelías de Pedro Sánchez, de humillar todos los días a los españoles pero también a los abulenses”.

García ha destacado la representación institucional y de gobierno del PP: “esa es la fuerza del Partido Popular porque ganamos las elecciones el 23 de julio”. “Nos reunimos para decir no a Sánchez, y sí a la igualdad entre españoles y no a las humillaciones”, ha afirmado.

“Porque no podemos seguir así, cada día nos levantamos con una noticia que es peor que la anterior” al hablar de la amnistía. “Hasta el 23 de julio, tanto Pedro Sánchez como los ministros decían que era inconstitucional. ¿Qué cambió después del 23 de julio? Solamente el poder. Mantenerse en el poder una y otra vez por siete votos. Por eso estamos aquí”, ha destacado.

García ha asegurado que el PP va “a utilizar todos los resortes” que tienen en su mano, ante “el descontento de la calle de muchas personas que nos dicen que quieren romper España.

“El próximo día 30 en el Congreso de los Diputados veremos cómo se vuelve a dar el sí a la amnistía y el no del Partido Popular”, mientras que en el Senado van a “dejar claro que es inconstitucional” porque “significa la ruptura de España, la desigualdad, el asalto a la separación de poderes, y amnistiar al terrorismo, a la corrupción”.

Alargar la tramitación

En esta situación “vamos a alargar todo lo que se pueda a los plazos”, para lo que en el Senado han modificado el reglamento “para que se tramite largo, en dos meses”, además de pedir “los informes que no se solicitaron en el Congreso porque no lo permitieron”, al Consejo General del Poder Judicial, para que se pronuncie sobre la ley de amnistía, al Consejo Fiscal y a la Comisión de Venecia “para que Europa también hable”, además de a la Comisión General de Comunidades Autónomas. “Vamos a abrir también a la sociedad a los expertos para que se pronuncien sobre la ley de amnistía”, por lo que el Senado “será un instrumento, con nuestra mayoría absoluta, para alargar los plazos y volver a decir no a esta ley que es una tropelía”.

“Sois, somos, si me permitís por mi condición de alcalde desde hace casi 25 años, los más valientes de la tarea política”, ha comenzado su intervención el presidente provincial del PP, Carlos García. “España dice basta, y lo dice desde sus cimientos. Desde Blasconuño de Matacabras, el pueblo abulense de 14 vecinos; hasta Arévalo, la ciudad más grande de nuestro medio rural con casi 8.000 ciudadanos. Y lo dice también desde esta capital abulense en la que una amplísima mayoría social respalda el significado de este acto, una mayoría que trasciende, sin duda, nuestro partido”, ha expresado.

García ha señalado que “España quiere igualdad, por eso rechaza los privilegios nacidos de la mentira, del chantaje y de la negociación oculta”, y “por eso no asume prebendas para los enemigos de la Constitución, a aquellos que odian y reescriben la historia de nuestro país”.

Y ha indicado que como “España quiere igualdad de oportunidades, no traga con la condonación de una deuda multimillonaria a quienes han practicado la malversación para llevar a cabo una obra de ingeniería social nauseabunda, que persigue levantar fronteras, inventar agravios y seguir viviendo del cuento.

Chantaje

“España quiere verdadera libertad, solidaridad entre las regiones, concordia y representantes que velen por el interés general a corto y a largo plazo”, por lo que el país “asiste atónita a la cesión y el chantaje al que, voluntariamente, se lleva sometiendo a sí mismo el Partido Socialista desde el pasado verano, solo para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder”.

Ha acusado al Gobierno de seguir “los postulados de una minoría sectaria, separatista y xenófoba”, a los que “se les va a beneficiar con el olvido de sus delitos, con el borrado de su acción execrable y dañina, todo por puro interés de parte que llega hasta el extremo de redactar una ley con los puntos y comas que dicta el delincuente”.

El presidente del PP ha lamentado que “Sánchez tiene la mayoría Frankenstein en el Congreso, tiene el BOE y los Presupuestos Generales del Estado con los que volverá a marginar a Ávila y a provincias como Ávila”, así como “su maquinaria de propaganda y tiene su falta de escrúpulos y de vergüenza”.

Manifiesto de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular por la igualdad de todos los españoles

“Los alcaldes y concejales del Partido Popular queremos reiterar nuestro compromiso con la igualdad de todos los españoles, que se está viendo seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España.

Tanto la Ley de Amnistía que se está tramitando en las Cortes como el resto de privilegios que el independentismo está imponiendo como condición para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados ponen de relieve una grave alteración de las reglas de juego democráticas. El actual Ejecutivo central ya no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento.

Es por ello que queremos y debemos manifestar nuestra profunda preocupación por la degradación institucional a la que estamos asistiendo, puesto que supone un flagrante deterioro de nuestro Estado de derecho, ataca los principios constitucionales más básicos y compromete la viabilidad de todos los niveles de administración del Estado, incluido el municipal que nosotros representamos.

Para continuar en el poder, el PSOE y todos aquellos partidos cuyo objetivo es liquidar nuestra nación han colocado a España en uno de los momentos más graves de nuestra historia reciente: se desprotegen los derechos y libertades fundamentales, se cercena el principio de separación de poderes y se acaba con la igualdad de los españoles y la solidaridad entre territorios a cambio de un puñado de votos.

Nuestro principal deber como representantes de la ciudadanía en los ayuntamientos es defenderles frente a todo esto, ya que conceder prerrogativas a unos pocos ciudadanos implica que aquellos a los que nosotros nos debemos sean discriminados. No podemos aceptar que el mismo presidente de nuestro país tome medidas que crean ciudadanos de primera, que gozan de impunidad jurídica y de privilegios económicos y competenciales, mientras el resto se convierten en ciudadanos de segunda. Exigimos que todos los españoles seamos libres e iguales.

Por todo ello, los 3.361 alcaldes que gobernamos al 46,5 por ciento de los españoles en los ayuntamientos, así como los 23.421 concejales con los que el Partido Popular cuenta en España, y con el único afán de preservar el respeto a los intereses generales, MANIFESTAMOS lo siguiente:

-Renovamos nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, tal y como juramos o prometimos en cada uno de nuestros consistorios el pasado 17 de junio. Un convencimiento que, tras los hechos acontecidos y la deriva liderada por el PSOE, entendemos más vigente y necesario que nunca.

-Nos oponemos tajantemente a que la extorsión del independentismo determine en última instancia las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central y el sentido del voto de los partidos que sustentan el Gobierno de coalición, tal y como está ocurriendo de manera evidente en los primeros meses de esta legislatura.

-Exigimos al Gobierno y al PSOE que acaben con el secretismo con el que están acometiendo las negociaciones con sus socios sobre asuntos esenciales para la economía y el bienestar de los ciudadanos. El conjunto de las administraciones y de las formaciones políticas tenemos derecho a participar del debate y de la toma de decisiones en los temas que nos afectan a todos. LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA LEY NO PUEDEN SER MONEDA DE CAMBIO PARA BLINDAR LA PRESIDENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ.

-Expresamos nuestro absoluto rechazo a la Ley de Amnistía porque es injusta e inmoral. Atenta contra la igualdad de todos los españoles que consagra nuestra Constitución, rompe el principio de separación de poderes al anular sentencias e investigaciones judiciales, se basa en un engaño masivo a los españoles porque el PSOE negó la posibilidad de esta medida de forma constante y unánime antes de las elecciones generales y ni siquiera sirve para que el independentismo se comprometa con la no repetición del golpe ocurrido en 2017 en Cataluña.

-Vemos con desolación que los acuerdos del PSOE y sus socios estén sirviendo para despenalizar delitos de malversación, contra la integridad territorial e incluso de terrorismo. Esta conducta es opuesta a los valores innegociables en cualquier Estado democrático moderno, así como a los que conforman la Unión Europea. DE FORMA EXPRESA, RECLAMAMOS QUE NO EXISTA ‘TERRORISMO BUENO’ Y QUE TODO ACTO TERRORISTA SEA INVESTIGADO Y CONDENADO.

-Concretamente, creemos que modificar o derogar el Código Penal a la carta para beneficiar a determinadas personas es una forma de corrupción política que perjudica la confianza en las instituciones y crea un sentimiento de agravio e injusticia a la población que resulta insoportable.

-Defendemos la separación de poderes y la independencia judicial y rechazamos tanto las decisiones que usurpan sus funciones como las declaraciones de representantes políticos, incluidos miembros del Gobierno de España, que están poniendo en cuestión y señalando a jueces por sus decisiones. Ni el Poder ejecutivo ni el legislativo pueden comprometer la actuación de los jueces ni ponerlos bajo sospecha, porque los jueces, como reza el artículo 117.1 de la Carta Magna, solo están sometidos al imperio de la ley.

-En consecuencia, solicitamos a nuestro partido y a cualquier persona o institución competente que active todos los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional no se ponga al dictado de los partidos independentistas. No podemos consentir que sigan jugando con los derechos y los recursos de todos los españoles".