De este modo, en Castilla y León son 23 plazas las que se elevan de categoría, de las 219 plazas de tercera categoría que se convierten en plazas de segunda categoría en total, lo que implica una mejor ordenación de la carrera fiscal en todo el territorio y mejorar condiciones retributivas de los miembros de la carrera fiscal afectados.

Las 23 plazas que se elevan de categoría en Castilla y León son cuatro plazas en la Fiscalía Provincial de Burgos; dos en la Fiscalía Provincial de Ávila; cuatro en la Fiscalía Provincial de León; una plaza en la Fiscalía de Área de Ponferrada; dos en la Fiscalía Provincial de Palencia; tres plazas en la Fiscalía Provincial de Salamanca; dos en la Fiscalía Provincial de Segovia; tres en la Fiscalía Provincial de Valladolid y dos plazas en la Fiscalía Provincial de Zamora.

Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta medida “supone dar un paso importante en la senda de modernización del Ministerio Fiscal que da solución al desequilibrio existente, proporcionando estabilidad y seguridad jurídica a las plantillas, armonizando la proporción de plazas de tercera categoría con la carrera judicial y garantizando el derecho a percibir las retribuciones propias de la plaza efectivamente desempeñada”,

Además, se equipara el número de fiscales con el de magistrados en cada partido judicial y se determina el número de plazas objeto de conversión por comunidades autónomas, precisando que pasarán a ser plazas de segunda categoría aquellas cuyos titulares, en el momento de entrada en vigor del real decreto, sean los fiscales o abogados fiscales más antiguos en el escalafón en cada caso.

La cifra global de efectivos se mantiene en 2.683 fiscales. De ellos, 28 son de primera categoría; 2.229, de segunda categoría; y 426 de tercera categoría.