“Esta nueva lobada vuelve a demostrar la inoperancia e incapacidad política por resolver un problema enquistado como es el de la fauna salvaje en nuestra provincia”, se ha criticado desde la organización agraria.

La Alianza UPA-COAG considera que “la nula voluntad política por abordar, de una vez por todas, la imposibilidad de compatibilizar la presencia descontrolada del lobo con la ganadería extensiva”, que “trae resultados como los sufridos por el joven ganadero abulense, que ha sido víctima de este enésimo ataque en nuestra provincia”.

Y han recordado a las Administraciones competentes, como la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transición Ecológica, que “es irracional e incomprensible continuar mucho más tiempo de esta manera”, porque “no puede ampararse bajo la normalidad cotidiana que día sí y día también los ganaderos de la provincia estén tan indefensos”.

El equipo jurídico de UPA va a poner a disposición del ganadero sus servicios para reclamar ante la Justicia “no solo una indemnización rápida por las muertes, sino también una compensación justa en concepto de lucro cesante por la pérdida de producción que sufrirá el rebaño después del estrés provocado por el brutal ataque de lobos a esa explotación”.

Urbanitas de salón

La organización agraria critica a “determinados grupos ecologistas, que son en realidad urbanitas de salón, amparados por determinados políticos, quieran imponer sus criterios y, por lo tanto, terminar con el medio de vida de los ganaderos extensivos de la provincia de Ávila”.

Y aseguran que “la sensación que sufren los ganaderos es que las administraciones competentes ni les ayudan, ni les comprenden y ni les dejan defenderse” y, por el contrario, quieren que los ganaderos “sigan dando de comer a la fauna salvaje a costa” de su patrimonio personal y económico”. 

El ganadero, aseveran, cargan a sus espaldas la alimentación del lobo con su patrimonio, por lo que “si lo quieren las administraciones es que haya lobos, lo justo y necesario sería socializar ese coste de mantener controladamente a esa especie, con una adecuada política de socialización, dado que actualmente recae injustamente por la vía de los hechos, en los profesionales del sector ganadero, a cambio de unas indemnizaciones que no compensan los enormes daños”.

La Alianza UPA-COAG demanda una mejora en la atención al ganadero en caso de siniestros y reducción de la burocracia, así como los criterios de tasación y de la valoración de los daños para contar con “indemnizaciones compensatorias justas y ágiles por todos los daños sufridos en los ataques, tanto directos como indirectos”, así como el lucro cesante.