De esta manera, la Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila) se suma a la postura de CEOE, CEPYME y CEOE Castilla y León, organizaciones empresariales de las que forma parte la patronal abulense.

En este sentido, recuerda que las empresas españolas fueron “las primeras” en poner sobre la mesa una propuesta de subida del SMI, de entre el 3% y el 4%, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). 

En aquel momento hablaron de la necesidad de “hacer compatible esta subida, con la supervivencia del tejido empresarial y, por tanto, del empleo y el conjunto de los salarios, en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario”.

 
A su juicio, se trata de “ámbitos concretos en los que la subida del SMI puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos”, que a su juicio “no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivado del salario mínimo”.

Contratos públicos
 Asimismo, estas organizaciones insisten en que “la Administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público en torno a un 50% desde 2018, sin revisar el precio de dichos contratos”, lo que se traduce en que “muchas de ellas se han visto atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas”. 
 

Al respecto, señalan que desde el principio solicitaron que los precios de los contratos públicos suscritos “se vieran incrementados al compás de los costes -indexación- para evitar esta circunstancia” o que “muchos contratos públicos empiecen a quedar desiertos ante la incertidumbre generada”.

España Vaciada
 Asimismo, CEOE lamenta que, cuando la denominada España Vaciada y el medio rural están “en el centro del debate”, se haya “desatendido” su petición de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para los agricultores que “no soportan ya este ritmo de incrementos del SMI”, sin olvidarse de “cómo están sufriendo” los pequeños negocios de barrio, comercios, hostelería, emprendedores que dan empleo…

En este contexto, recuerda que los sindicatos y el Ministerio de Trabajo “mostraron su conformidad” con la indexación de los contratos públicos; sin embargo, lamenta que no haya sido atendida la medida por “su supuesto coste para la ciudadanía, mientras se asiste a incrementos del gasto público derivados de acuerdos meramente políticos”.

 
Por otra parte, la patronal dice haber asistido a un hecho “insólito” durante la negociación, al “tratar de plantear la subida del SMI en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley”. 

“Asistimos una vez más a una situación de arbitrariedad, que solo viene a incrementar la incertidumbre y la falta de confianza que ya percibimos en la economía, en los mercados y en los inversores”, señala CEOE. 

Desde su punto de vista, tras el crecimiento de la economía o los “buenos datos” del empleo de este año, “en gran parte por los esfuerzos de contratación realizados por las empresas”, también ve que los indicadores de inversión “se están deteriorando en un segundo plano por esa falta de confianza que se percibe, siendo la inversión la palanca de la productividad, la actividad, el empleo y las alzas salariales del futuro”.

 
Ante esta situación, CEOE Ávila, junto con CEOE Castilla y León, CEOE y CEPYME, confía en que la subida del SMI pactada “no genere efectos de segunda ronda y se acabe trasladando a la inflación, añadiendo así un nuevo factor de riesgo a la ya patente ralentización de la economía y el empleo”.