Según el delegado de la Junta, Francisco José Sánchez, el criterio de demarcación que pesa más es el sanitario en un asunto que en la actualidad se encuentra “sometido a estudio”.

La propuesta de la Delegación de la Junta será elevada a la Consejería de la Presidencia que, tras analizarlo, escuchará a la Diputación, para elaborar una propuesta inicial de mapa. Ésta será sometida a información pública para, tras observar las alegaciones, presentar la propuesta definitiva, que luego se implantará en el plazo de tres años.

Tras la de Fontiveros, el delegado ha mantenido la segunda reunión con municipios de la provincia, 72 de los situados en torno a la capital, para darles a conocer detalles sobre la Ley de Ordenación, Servicio y Gobierno del Territorio aprobada en septiembre en las Cortes regionales.

Coordinador
Sánchez es, como delegado más veterano entre los de Castilla y León, coordinador del grupo de trabajo integrado por los nueve delegados para elaborar una propuesta sobre la reforma de las administraciones periféricas. “La ley regional trata de fomentar el municipalismo” y “mantener la identidad” de cada pueblo, ha dicho a los alcaldes, con un “mensaje de tranquilidad” para que sepan que “la Junta siempre ha apostado por los municipios”.

Según ha destacado, la ley quiere que la Junta tenga “facilidades” para organizar sus servicios a la vez que ofrece a los ayuntamientos “instrumentos para que sean financieramente suficientes y capaces de sobrevivir” con sus competencias.

Sánchez ha indicado que la ley “avanza en la simplificación de la gestión y clarifica los ámbitos competenciales, de manera que evita duplicidades”, y también que “con los mismos recursos se puede mejorar y garantizar la calidad de los servicios que presta la Junta a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el mundo rural, buscando reforzar y fortalecer a los municipios a través de la asociación voluntaria”.

Agruparse
Los municipios tendrán la libertad de “agruparse en determinado tipo de mancomunidades”, de tal modo que consigan “autosuficiencia financiera, económica y de gestión que pueda exigir la ley estatal”.

“Queremos -ha dicho- que los ayuntamientos tengan instrumentos para hacer frente a los requerimientos que la normativa estatal  pueda exigir”, si bien en la actualidad “no sabemos cuáles son”. Sánchez espera que la ley regional “encaje” con la del Gobierno central.

La reunión celebrada el martes en las oficinas del ECYL ha contado con la asistencia de los alcaldes de Amavida, Aveinte, Berrocalejo de Aragona, Brabos, Bularros, Cabezas del Villar, Cardeñosa, Casasola, Cepeda de la Mora, Chamartín de la Sierra, Cillán, La Colilla, El Fresno, Gallegos de Altamiros, Gallegos de Sobrinos, Garganta del Villar, Gemuño, Grandes y San Martín, Herreros de Suso, La Hija de Dios, Hoyos de Miguel Muñoz, Hurtumpascual, Mancera de Arriba, Manjabálago, Marlín, Martiherrero, Mediana de Voltoya, Mengamuñoz, Mingorría, Mironcillo, Mirueña de los Infanzones, Monsalupe, Muñana, Muñico, Muñogalindo, Muñopepe, Muñotello, Narrillos del Rebollar, Narros del Puerto, Navadijos, Niharra, Ojos Albos, El Oso, Padiernos, El Parral, Peñalba de Ávila, Poveda, Pradosegar, Riofrío, Salobral, San Esteban de los Patos, San García de Ingelmos, San Juan del Olmo, San Martín de la Vega del Alberche, San Martín del Pimpollar, Sanchorreja, Santa María del Arroyo, Santa María del Cubillo, Santo Tomé de Zabarcos, La Serrada, Sigeres, Solana del Rioalmar, Solosancho, Sotalbo, Tolbaños, Tornadizos de Ávila, La Torre, Vadillo de la Sierra, Valdecasa, Villaflor, Villatoro y Vita.