En el encuentro se han abordado, entre otras cosas, la implementación en Castilla y León del real decreto por el que se establecen las condiciones de utilización de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación para las personas sordas. 

Según Pascual, se trata de una norma por la que "se va a dar efectividad y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad auditiva" y que, entre otras cosas, pretende "mejorar la calidad de vida y eliminar las barreras en comunicación que las personas sordas y sordociegas se encuentran en su día a día".

El procurador, que ha mostrado su predisposición a apoyar en el Parlamento estas necesidades, considera que se debe trabajar también para "implementar la figura de los intérpretes en diferentes ámbitos, como el sanitario, donde es fundamental la figura de estos profesionales para prestar una atención adecuada a los pacientes con discapacidad auditiva".