Con motivo de la celebración de la 21ª edición de la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte ‘Ciudades por la vida’, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional ha denunciado cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones en países como Irán, Arabia Saudí y Egipto, además de recordar el alarmante crecimiento de condenas de pena de muerte para delitos relacionados con drogas.

La jornada ‘Ciudades por la vida’ se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo y viene a conmemorar la primera vez que fue prohibida en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de una iniciativa internacional impulsada por la Comunidad de Sant’ Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la cual Amnistía Internacional y Sant’Egidio son miembros fundadores y en la que se agrupan más de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo.

Este año participan en la iniciativa más de 2.550 ciudades en todo el mundo, entre ellas, Roma, Bruselas, Lisboa, o París. En España, son más de 30 las ciudades inscritas: Avilés, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Gijón, Madrid, Oviedo, Tarragona, o Vitoria, entre otras, que llevan a cabo actos, como la iluminación de edificios emblemáticos con sus respectivos ayuntamientos, así como jornadas en escuelas y universidades.

Ejecuciones por delitos de drogas
Por su parte, Amnistía Internacional, como ya hizo el pasado 10 de octubre, Día Mundial Contra la Pena de Muerte, recuerda “el alarmante aumento de ejecuciones por delitos de drogas que han afectado de forma desproporcionada a quienes proceden de sectores marginados de la sociedad o pertenecientes a minorías étnicas, con condenas que a menudo se produjeron en procedimientos que no garantizaban un juicio justo”.

Todavía 36 países mantienen en su legislación la pena de muerte para castigar este tipo de delitos, pese a que el derecho internacional, en espera de su abolición total, restringe este tipo de castigo a “los delitos más graves”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que esta restricción se refiere únicamente al homicidio intencional y excluye categóricamente los delitos de drogas.

Amnistía Internacional ha registrado más de 700 ejecuciones por estos delitos entre 2018 y 2022. En 2022, las 325 ejecuciones relacionadas con las drogas representaron el 37 por ciento del total mundial conocido y duplicaron con creces las 134 contabilizadas en 2021.

Los países que han registrado ejecuciones relacionadas con delitos de drogas han sido principalmente Irán, con el 78 por ciento de ejecuciones por este delito, Arabia Saudí, Singapur, China, Vietnam o Kuwait.