La concentración, convocada por Amnistía Internacional, ha instado a la protección para la población civil en Gaza e Israel, y se ha hecho eco del llamamiento urgente de 650 organizaciones a todas las fuerzas políticas españolas y al presidente del Gobierno, en el marco de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, para que haya un “alto el fuego inmediato acatado por todas las partes en conflicto, para proteger a la población civil”, así como “garantizar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y permitir que quienes lo necesitan accedan a asistencia médica”.

El embargo de armas a todas las partes en el conflicto y suspender exportación de armas españolas y material militar a Israel; y levantar el bloqueo ilegal en Gaza, que, desde hace 16 años, es la mayor cárcel del planeta a cielo abierto, son otras de las reivindicaciones leídas en un manifiesto.

“Israel debe revocar inmediatamente la orden de evacuar a la población civil del norte de Gaza, incluido personal médico y pacientes en hospitales, que podría ser calificada como crimen de guerra”, se ha indicado, a la vez que se ha pedido la liberación inmediata de las personas civiles secuestradas, que deben recibir un trato humano y asistencia médica; y que la Unión Europea condene de manera inequívoca los ataques directos e indiscriminados contra civiles y bienes de carácter civil (como hospitales), castigos colectivos, toma de rehenes y uso de violencia sexual. 

También instan a “levantar las graves restricciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión impuestas en varios Estados de la UE” y el “alto el fuego inmediato” expresando “solidaridad con el pueblo palestino no es delito”.

Naciones Unidas

Tras condenar los ataques perpetrados por Hamás en Israel, creen que “la respuesta no puede ser un ataque indiscriminado dirigido hacia más de dos millones de personas en Gaza. “La guerra entre Israel y Hamás no comenzó el 7 de octubre”, dado que “Israel tiene un largo historial de crímenes de guerra perpetrados en total impunidad” y que “los crímenes de guerra cometidos por grupos armados palestinos y fuerzas de seguridad israelíes deben ser investigados y juzgados”, se ha expresado, abogando por “promover por todas las vías posibles la solución pacífica al conflicto palestino-israelí conforme a las resoluciones de Naciones Unidas”.

También se ha escuchado un manifiesto de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Valle del Tiétar en el que se exige a las partes armadas “el respeto estricto y protección a pacientes y heridos, hospitales, ambulancias y escuelas, incluyendo los terrenos circundantes en donde se encuentra refugiada población civil”.

A la vez, han instado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España “ejercer la presión ante el estado de Israel y en foros internacionales para que se respete el derecho humanitario internacional: y han manifestado “admiración y respeto al personal de la sanidad pública palestina en Gaza y al personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que valientemente se han mantenido en su puesto atendiendo a la población a costa de su seguridad y en ocasiones de sus propias vidas”.