La protesta tendrá lugar el sábado (12 horas) en el Paseo de San Roque, frente a la escultura de los derechos humanos.
Junto con más de 650 organizaciones, la organización se ha lanzado un llamamiento urgente a todas las fuerzas políticas españolas y al presidente del Gobierno, en el marco de la presidencia del Consejo de la Unión Europa, para exigir ocho medidas urgentes.
Instan a un alto el fuego inmediato acatado por todas las partes en conflicto, para proteger a la población civil; garantizar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y permitir que quienes lo necesitan accedan a asistencia médica; el embargo de armas a todas las partes en el conflicto y suspender exportación de armas españolas y material militar a Israel; y levantar el bloqueo ilegal en Gaza que desde hace 16 años, es la mayor cárcel del planeta a cielo abierto.
Evacuación
“Israel debe revocar inmediatamente la orden de evacuar a la población civil del norte de Gaza, incluido personal médico y pacientes en hospitales, que podría ser calificada como crimen de guerra”, según Amnistía Internacional, que pide la liberación inmediata de las personas civiles secuestradas, que deben recibir un trato humano y asistencia médica; y que la Unión Europea condene de manera inequívoca los ataques directos e indiscriminados contra civiles y bienes de carácter civil (como hospitales), castigos colectivos, toma de rehenes y uso de violencia sexual.
También exigen “levantar las graves restricciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión impuestas en varios Estados de la UE” y el “alto el fuego inmediato” expresando “solidaridad con el pueblo palestino no es delito”.
Los convocantes condenan los ataques perpetrados por Hamás en Israel, pero creen que “la respuesta no puede ser un ataque indiscriminado dirigido contra más de dos millones de personas en Gaza.
Amnistía Internacional considera que “la guerra entre Israel y Hamás no comenzó el 7 de octubre”, dado que “Israel tiene un largo historial de crímenes de guerra perpetrados en total impunidad” y que “los crímenes de guerra cometidos por grupos armados palestinos y fuerzas de seguridad israelíes deben ser investigados y juzgados”. Y abogan por “promover por todas las vías posibles la solución pacífica al conflicto palestino-israelí conforme a las resoluciones de Naciones Unidas”.
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