CSIF subraya que las/os empleados públicos trabajan siempre para garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos y que las administraciones son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de estado social, democrático y de derecho. 

En este sentido, rechazan “cualquier medida que comporte una intromisión política en la independencia judicial y cualquier consideración que ponga en duda dicha independencia; la ruptura de los principios básicos constitucionales de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la solidaridad entre territorios; las cesiones de impuestos a determinados territorios, que detraigan recursos para el Estado y provoquen diferencias en la calidad de la prestación de los servicios públicos; las modificaciones a la carta del Estatuto de los Trabajadores; y la pérdida de competencias exclusivas del Gobierno en materia de empleo público”.

También están en contra “la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social, la ruptura de la caja única y de los acuerdos del Pacto de Toledo; el privilegio explícito de determinados territorios como interlocutores directos ante la Unión Europea; y la cesión de la cesión de la competencia exclusiva del Estado sobre la homologación de títulos universitarios, rompiendo el sistema único universitario que afectará a la igualdad de acceso al empleo público y el ejercicio de profesiones con habilitación específica”.

El sindicato critica “la fragmentación de la formación sanitaria especializada, que quebrará la homogeneidad y la calidad en el Sistema Nacional de Salud”, puesto que “la máxima garantía de un estado de derecho se sustenta en la separación de poderes y el sometimiento de todos los ciudadanos al imperio de la ley sin distinción alguna, lo que impide el abuso de poder y garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante el ordenamiento jurídico”, y teniendo en cuenta que “toda actuación encaminada a su debilitamiento supondrá la quiebra del estado de derecho”.

Igualdad

Por ello, CSIF rechaza la "tutela política" que se pretende dar a uno de los poderes del Estado, así como la quiebra del principio constitucional básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, cuestiones que han garantizado hasta la fecha la seguridad jurídica y estabilidad que necesitan todos los sectores de nuestra sociedad para generar riqueza y empleo.

CSIF denuncia que la ejecución del contenido de los distintos acuerdos de Gobierno generará mayor desigualdad entre la ciudadanía, pudiendo así socavar nuestro marco constitucional que obliga al Estado a garantizar el principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. 

Por esto, CSIF exigirá que los presupuestos generales del Estado “garanticen la justicia económica para todos los territorios, que se lleven a cabo las reformas estructurales necesarias para el refuerzo de los servicios públicos y que se garanticen y mejoren las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos que los prestan”.
CSIF anuncia que adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar que el Estado, cuya obligación es garantizar la igualdad de todos los españoles, renuncie a competencias exclusivas en materia de legislación laboral, régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los empleados públicos, titulaciones universitarias, así como en materia de Seguridad Social. Además, intensificará su actividad con las distintas instituciones del Estado, los órganos de Gobierno y parlamentos de las comunidades autónomas y en la Unión Europea, a través de la Indepent Trade Unions (CESI), de la que CSIF forma parte.

A la vez, se plantean exigir que los servicios públicos ofrezcan un servicio de calidad en todos los territorios y reclamar la supresión de la tasa de reposición en el conjunto de administraciones públicas, rechazando que se produzcan concesiones solo a determinadas comunidades autónomas. Asimismo, CSIF prestará “especial vigilancia a que la clase política respete la independencia del conjunto de empleados públicos y que estos cuenten con la seguridad jurídica necesaria en el ejercicio de sus funciones”.