Así ha justificado el presidente de la institución provincial, de la que depende el Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila, la subida del 13,5% prevista, refiriéndose al decreto 646 del año 2020 que regula la eliminación de los residuos mediante depósito en vertedero. 

“Daba una transitoria de dos años de regulación ministerial, se hizo el 7 de julio de 2023, y calculaba los costes de emisión de gases de efecto invernadero. Eso, si lo trasladamos a una tonelada de residuos que entra en el consorcio, supone un incremento de 7,52 euros tonelada”, ha manifestado el presidente de la Diputación, asegurando que el consorcio aplicará la “ley aprobada por el Gobierno de España a partir del 2 de enero, por lo cual se va a actualizar esa tasa en torno a un 13,5%", después del incremento este año del 71,55%. 

Sin competencia para fijar tributos

Esta subida también ha sido argumentada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ávila, Alicia García, asegurando que “hay un Real Decreto a nivel estatal que obliga a todos a subir esa tasa” y que “la Diputación o el Consorcio Provincial saben que no tienen competencia a la hora de fijar tributos ni impuestos”, porque “se cobra lo que se le dice o lo que se le indica por parte de la legislación”.

“Si Por Ávila subiera el 44% la tasa de basuras, que era su intención para el año 2024, que se paró, quien cobra también es Diputación, pero quien recauda es el Ayuntamiento y los fondos van al Ayuntamiento”, ha asegurado la portavoz del PP, asegurando que quien “quería subir los impuestos es el Ayuntamiento o [en este caso] el Estado. No es la diputación”.

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, desmienten llo dicho por la portavoz popular sobre la recaudación de la tasa de reciclaje, pues han asegurado que "lo que pagan los contribuyentes lo cobra el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) y esos fondos no los recibe el Ayuntamiento de Ávila en ningún momento, sino que los percibe el propio Consorcio Provincial de la Zona Norte". 

Arreglo del camino

Por otra parte, Carlos García ha recordado que la Diputación solicitó al Ayuntamiento hace cuatro meses una autorización para mejorar el camino de acceso al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), ubicado en Urraca Miguel, para lo que la institución provincial “ya ha consignado 300.000 euros”, aunque “todavía no han tenido respuesta”. 

Una ruta “transitada de manera constante por camiones y trabajadores que se encuentra en mal estado, sobre todo con las lluvias”, solicitando “que se acelere por parte del Ayuntamiento esa autorización lo antes posible y la mejora del camino sea una realidad”.

También este caso el equipo de Gobierno ha contestado, indicando que la obra afecta a suelo rústico con protección natural en diferentes tramos, por lo que se encuentra pendiente de informe por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta.